Una serie de curiosas polémicas se generaron en los últimos quince años en torno al Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego, el organismo encargado de diseñar las ternas para designar a los jueces en la provincia, que van desde el caso de una abogada que no pudo jurar como jueza porque había sido detenida en Buenos Aires hasta el de un juez que fue acusado de copiarse en un examen.
Entre esos casos que involucran al Consejo fueguino, fuentes judiciales recordaron el de Sandra Pesclevi, elegida jueza penal de Río Grande el 14 de julio de 2003 pero que no pudo asistir el 6 de agosto de ese año a la ceremonia de jura por un detalle: estaba presa en Buenos Aires, vinculada a un caso de corrupción.
La mujer había sido detenida por orden del juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atensio, en una causa donde se investigaba un presunto pedido coimas, reseñaron los informantes.
El Superior Tribunal fueguino tuvo que suspender entonces la jura de Pesclevi y aunque la mujer fue finalmente desvinculada de la acusación, nunca pudo jurar como magistrada.
Otro caso llamativo fue el de Luis Felipe Ricca, nombrado camarista penal el 7 de marzo de 2001, sin que el Consejo indagara en sus nexos con Paulo César (PC) Farías, el empresario brasileño asesinado en 1996 que poseía fuertes vinculaciones con el narcotráfico, la mafia y el lavado de dinero, rememoraron las fuentes.
Ricca terminó por renunciar el 27 de noviembre de 2001 tras difundirse esos hechos.
Un ex integrante del Superior Tribunal fueguino, Mario Robbio, había sido funcionario de la dictadura en la Secretaría de Información Pública, mientras que otro, Ricardo Klass, fue acusado de copiarse en el examen escrito por el que fue elegido magistrado.
En tanto, en el caso de Tomás Hutchinson se descubrió que luego de ser elegido magistrado no residía en la provincia sino que su domicilio era en un hotel de Ushuaia.
