Miguel Ángel Arana (que permanece internado en el Hospital de Ushuaia, tras haber sido blanco de un ataque a golpes, luego de un supuesto incidente vehicular) y Daniel Alberto Belbey son las dos personas que estaban a cargo de la Comisión de Viviendas de ATE y manejaban el listado de aspirantes a la adjudicación de las mismas, y quienes están sospechados de haber estafado a personas no afiliadas al gremio comercializando las mismas viviendas.
El fiscal Nicolás Arias ya elevó un requerimiento de instrucción solicitando medidas probatorias e imputó por presunta estafa a los dos involucrados.
El Fiscal le pidió al Juez una serie de medidas probatorias, entre ellas que se averigüe si hubo otras víctimas y todo otro dato de interés relacionado con los pormenores del accionar fraudulento desplegado, se cite a tres testigos, y se solicite al IPV que informe el legajo de las viviendas del Barrio Barrancas del Río Pipo adjudicadas a afiliados a ATE. También solicitó otras medidas que se mantienen a resguardo para no entorpecer el desarrollo de la investigación.
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Si bien la investigación se encuentra en un estado muy preliminar, en la causa ya aparecen identificadas dos presuntas víctimas del accionar de los dirigentes de ATE; una de ellas ya se presentó en la Justicia y dijo que efectivamente era una de las damnificadas y que también conocía los datos de otras personas en su misma condición.