Miguel Ángel Arana (que permanece internado en el Hospital de Ushuaia, tras haber sido blanco de un ataque a golpes, luego de un supuesto incidente vehicular) y Daniel Alberto Belbey son las dos personas que estaban a cargo de la Comisión de Viviendas de ATE y manejaban el listado de aspirantes a la adjudicación de las mismas, y quienes están sospechados de haber estafado a personas no afiliadas al gremio comercializando las mismas viviendas.
El fiscal Nicolás Arias ya elevó un requerimiento de instrucción solicitando medidas probatorias e imputó por presunta estafa a los dos involucrados.
El Fiscal le pidió al Juez una serie de medidas probatorias, entre ellas que se averigüe si hubo otras víctimas y todo otro dato de interés relacionado con los pormenores del accionar fraudulento desplegado, se cite a tres testigos, y se solicite al IPV que informe el legajo de las viviendas del Barrio Barrancas del Río Pipo adjudicadas a afiliados a ATE. También solicitó otras medidas que se mantienen a resguardo para no entorpecer el desarrollo de la investigación.
Si bien la investigación se encuentra en un estado muy preliminar, en la causa ya aparecen identificadas dos presuntas víctimas del accionar de los dirigentes de ATE; una de ellas ya se presentó en la Justicia y dijo que efectivamente era una de las damnificadas y que también conocía los datos de otras personas en su misma condición.