El titular de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba destacó que "ninguno de los que vinieron tienen pruebas, excepto una persona que hizo todo el proceso por banco y depositó a nombre de dos componentes de la Comisión Directiva, que no reconocen haber recibido el dinero.
Uno era el Presidente de la Comisión y el otro era el Prosecretario de Acción Social, son parte de la Comisión Directiva y eran responsables de controlar, de subir y bajar a la gente del listado, tenían plena autoridad sobre el plan de viviendas".
"Apenas nos enteramos, hace un tiempo, lo primero que hice fue correrlos del lugar, que no pertenezcan más a la Comisión, y que se encargue directamente la Secretaria de Acción Social de llevar adelante esta situación, nuestros abogados nos dijeron que esto era grave y que hiciéramos una presentación judicial", aseguró el sindicalista.
Córdoba sostuvo que, "en un momento uno de los compañeros firma como Presidente y otro como Secretario la confección del listado de beneficiarios. Cuando empezamos a revisar esto, nos dimos cuenta de algunas cuestiones, y fuimos al IPV y hablamos con quien correspondía".