El Poder Judicial de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley que propone ampliar de tres a cinco el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ). La propuesta ya cuenta con dictamen favorable en la Legislatura y podría ser aprobado en la próxima sesión ordinaria, Lo que generó gran polémica en organizaciones sociales y sindicales, abogados, periodistas, dirigentes políticos y ciudadanos, nucleados en un espacio abierto llamado "Otra Justicia".
En este contexto el abogado constitucionalista, Federico Rauch, mediante una publicación en su blog , refutó los argumentos que se proponen en el proyecto.
El letrado comentó, "respecto a la comparación entre provincias, es tan cierto que Tierra del Fuego tiene un tribunal con la mitad de integrantes que otras provincias, como que éstas tienen más del doble de población que la primera. En este sentido detalló "la exposición de motivos basado exclusivamente en un aumento del 50% de la carga laboral del tribunal y la duplicación de la población fueguina entre 1994 y 2020, no aparecen como un fundamento técnico ni laboral suficiente para justificar por sí solo una ampliación del STJ.
"En consecuencia, el proyecto remitido, al no prever cuantitativamente qué recursos económicos implicaría la ampliación ni de donde se obtendrían, incumple abiertamente con la manda constitucional y es necesario entonces que los jueces expliquen cuánto dinero sería necesario para pasar la ley y de dónde se lo obtendría" argumentó Rauch.
En este marco detalló "cada juez tiene un costo mensual de unos 4 millones de pesos, por lo que la ampliación propuesta significaría un gasto anual inicial del orden de los 80 millones de pesos a valores actuales. A eso habría que sumarle los fondos necesarios para la construcción y/o ampliación de las oficinas y despachos necesarios para el nuevo personal, además de gastos protocolares, traslados, pasajes y alojamientos".
Para el abogado "evidentemente, la realidad en la que se mueven (los jueces) es muy distinta de la de la sociedad fueguina, en especial en el momento en que se plantea ésta modificación, en el medio de la peor crisis social y económica de que se tenga memoria en la provincia y el país".
Y para finalizar detalló "prácticamente todas las encuestas y estudios independientes realizados muestran a Poder Judicial como uno de los peores índices de percepción en materia de confianza o eficiencia. Nuestra práctica profesional en los últimos 35 años también lo verifica. La percepción de la gente - los justiciables- que debe recurrir a la justicia es extremadamente negativa respecto de ella", sentenció.
