Finalmente se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, por la causa de espionaje ilegal a empresarios, funcionarios, periodistas y policías que pesa en su contra. La reunión cerró con una serie de medidas “alternativas” que permitirán al ex funcionario evitar la prisión preventiva.
Con esto, el juez Martín Torres desterró el planteo de las querellas, que apelaban por la detención de Saín y dispuso que deberá cumplir con una serie de reglas, entre las que se encuentran la prohibición de acercamiento a oficinas públicas vinculadas a la investigación, la prohibición de acercamiento víctimas y de salir del país; además no podrá tener armas y deberá pagar una caución real.
El pedido de las querellas era que el ex ministro Marcelo Sain y sus ex colaboradoras Nadia Schujman y Debora Cotichini, quedaran en prisión. Mientras que la defensa del ex funcionario pedía por las medidas alternativas que finalmente fueron ponderadas; por esta razón, la audiencia que debía celebrarse el martes quedó en cuarto intermedio y este miércoles se tomó la determinación de fallar a favor de no dejarlo en prisión. Con esto, Sain podrá continuar siendo investigado en libertad, cumpliendo una serie de condiciones.
POR QUÉ IMPUTARON A MARCELO SAÍN
Las actividades por las que se imputó al grupo implicaron el dictado de órdenes ilícitas para obtener información y registrarla para fabricar “perfiles” sobre personas que no estaban siendo blanco de investigaciones penales.
Entre los “perfilados” hay figuras políticas como Pullaro, la fiscal Georgina Pairola, el diputado Julián Galdeano, los abogados José Alcácer, Adrián Martínez, Gustavo Peirone, Paul Krupnik, Carlos Varela y sus hijos. Además, se espió a Hugo Tognoli, Cristian Sola, José Luis Romiti, Omar Odriozola, Raúl Ardiles, Rafael Grau y José Luis Amaya entre otros, jefes policiales de Santa Fe.
A Saín se le imputa además el ordenar y consentir la vulneración de derechos humanos por parte de miembros de la fuerza y haber sustraído dinero de la partida de gastos reservados destinados a la Agencia de Control Policial (ACP). Finalmente, también se lo imputó por la destrucción de información y documentos existentes en las oficinas del Ministerio de Seguridad y el OI.
