La Fiscalía de Santa Fe imputó este miércoles a un hombre de 42 años por la violación de su hija en Garibaldi, un pueblo del departamento Castellanos. La víctima es la niña embarazada que pidió un aborto y desapareció antes de someterse al procedimiento. La Provincia acusó a la organización no gubernamental Grávida por haber impedido la atención de la menor de edad.
Según la evidencia recabada por la Justicia, la nena fue agredida varias veces en 2022. Antes de la apertura de esta causa, su madre también había denunciado a Gustavo A. por violencia de género, aunque esa investigación se tramita en San Jorge.
La fiscal Alejandra del Río Ayala imputó al papá de la niña de 12 años por abuso sexual con acceso carnal calificado por la guarda la convivencia y el vínculo. También le atribuyó en concurso ideal el delito de promoción a la corrupción de menores de edad.
“Hoy por hoy, lo más importante es que ella pueda ser escuchada y se defina su situación”, planteó la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Luego de la audiencia ante el juez Martín Torres, señaló que la asistencia a la víctima es “urgente” ante el acceso frustrado a la interrupción legal del embarazo (ILE).
La funcionaria de la unidad fiscal especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) aclaró que todavía no investigó la actuación de integrantes de Grávida para evitar un aborto legal. En lo inmediato, este viernes pedirá la prisión preventiva del padre de la menor de edad.
Denuncian que Grávida quiso obstaculizar el aborto que pidió una niña violada en Santa Fe
Luego del operativo en el que hallaron a la nena que no había asistido al nuevo Hospital Iturraspe para la práctica de una ILE, el Gobierno de Santa Fe disparó munición gruesa contra Grávida. “Esta situación expresó un intento de obstaculizar la preservación de la salud de una niña de 12 años en un alto grado de vulnerabilidad”, manifestaron desde el Ejecutivo.
La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, insistió en que la menor de edad y su madre fueron “interceptadas” por la ONG que se opone al aborto. Luego aseguró que los equipos estatales lograron en “forma inmediata” que ambas “volvieran a estar contenidas y asistidas”.
Ante la sospecha de una violación de la Ley 27.610 en esa intervención, la funcionaria aclaró que pondrá a disposición “la información que sea necesaria” para que la Justicia lo determine. En este sentido, apuntó que fueron vulnerados los derechos de la mujer que acompañó a su hija tras la denuncia de abuso sexual intrafamiliar en la localidad ubicada 120 kilómetros al oeste de Santa Fe. Por su parte, Grávida dijo que lo suyo solo “es estar” y rechazó la acusación.
Marinaro recordó que el protocolo de ILE se puso en marcha “inmediatamente” a partir del diagnóstico del embarazo en el departamento Castellanos. En este sentido, subrayó que hubo un “pedido y consentimiento explícito” para llevar a cabo el aborto.
