"El gobierno está detrás de todo esto. No tenemos fe de que se resuelva nada en el tiempo", disparó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Aceiteros de Rosario (Soear), Adrián Dávalos, luego de que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictara la conciliación obligatoria por el despido de 60 trabajadores en la planta de Bunge Ramallo.
Si bien la empresa se comprometió a acatar la medida, “creemos que después van a seguir actuando de la misma manera”.
La decisión de la multinacional desencadenó el inmediato rechazo del gremio que denunció un lockout patronal, en medio de los cuestionamientos por la cifra millonaria facturada en 2017. "Dicen que tiene que ver con una supuesta crisis. Pero esta firma es una de las más beneficiadas por el modelo y de las cinco exportadoras más grandes", sostuvo Dávalos, y dejó entrever "una cuestión de política".
Este miércoles por la tarde, los trabajadores petroquímicos se sumaron al plan de lucha con un paro total de actividades y cortes en el ingreso al complejo por la efectivización de 25 nuevas cesantías. Hubo cruces con personal de Prefectura.
"Los trabajadores están afuera y la Prefectura adentro, mientras Bunge incumple la conciliación", disparó Carlos Zamboni, el abogado de los aceiteros. "Acá no se puede hablar de crisis porque hay megarentabilidad y los costos laborales son del 2% o incluso menos", argumentó.
