La habilitación que otorgó el Gobierno de San Luis para beneficiar a los internos, quienes en total suman más de 800, es un verdadero desafío para las autoridades, al tratarse de un sector de extrema vulnerabilidad ante el virus, ya que padece un alto índice de enfermedades crónicas con el agravante del encierro.
Según explicó la encargada del Programa Derechos y Garantías Constitucionales, María Eugenia Cantaloube, la reactivación de los encuentros en los penales no supera el 20 por ciento de sus poblaciones. Dijo que así será durante esta primera etapa, que comenzó ayer con un estricto control para asegurar el cumplimiento de los protocolos.
"Como la gran mayoría de los internos está calificada de riesgo, si hubiese un solo sospechoso habría que aislar a toda la comunidad. Es el mismo criterio que rige para las residencias de adultos mayores (geriátricos)", explicó Cantaloube, quien agregó que solicitarán informes periódicos a los responsables de los complejos carcelarios para hacer un seguimiento detallado de la situación y cómo funciona el nuevo esquema.
"En el primer día todo transcurrió con normalidad, sin registrar ningún tipo de inconveniente de parte de los visitantes ni de los internos. La mayoría tenía una evidente ansiedad por todo este tema de la pandemia, porque había perdido el contacto físico con sus familiares, y recibió como una buena noticia el regreso de las visitas, aunque otros manifestaron que no desean tenerlas", agregó Gimenes, quien dijo que los requisitos para ingresar a los penales son contar con el documento de identidad y tapabocas, barbijo o máscara.
