Durante la conferencia donde anunció la Fase 1 para los departamentos de General José de San Martín, Cerrillos, Rosario de Lerma, General Güemes, La Caldera, Orán y Capital, el gobernador Gustavo Sáenz también aseguró que recibió amenazas. Tras la declaración del mandatario provincial, la Justicia salteña inició de oficio una investigación sobre supuestas amenazas.
"He recibido amenazas, de todo tipo porque lamentablemente, detrás un teléfono privado o en las redes sociales se esconden los miserables, los que no se animan a dar la cara, los que no se animan a decir las cosas de frente. No me van a amedrentar, no me van a asustar", manifestó Sáenz.
El fiscal penal 1, Pablo Paz, por pedido del procurador General Abel Cornejo, ordenó las primeras medidas tendientes a esclarecer el hecho, según confirman desde el Ministerio Público Fiscal.
El delito de amenazas tiene lugar cuando una persona informa a otra acerca de su intención de generarle algún mal. Está previsto en el artículo 149 bis 1er. párrafo del Código Penal Argentino, el cual asigna una pena de prisión de seis meses a dos años para quien impartiere amenazas con el fin de alarmar o amedrentar a una o más personas.
