Este martes, la comunidad educativa de la emblemática biblioteca y complejo cultural y educativo “La Vigil” realizó una amplia movilización para manifestarse en defensa de la continuidad del proyecto ubicado en la zona sur de Rosario y reclamar a la provincia que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar su funcionamiento.
“En el año 2013, después de 36 años de intervención iniciada primero en dictadura y después durante muchos años en democracia, la devolución de una parte mínima de los bienes de Vigil no se hizo correlativamente con un aporte presupuestario o un subsidio particular para que pudiera funcionar, sino que se convino con la provincia un alquiler de las escuelas que estaban funcionando en las propiedades a la vuelta de la biblioteca”, sostiene Roberto Frutos, director de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil.
Ese contrato puso a la Biblioteca como persona jurídica locadora y a la provincia como locatario, para que pudieran funcionar las escuelas de Artes Visuales, de Cine y TV y de Teatro (dependientes, las tres, de la Secretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura; situadas donde antes estaba la Universidad Popular) y cinco escuelas más que dependen del Ministerio de Educación: el Jardín Nº 51, el Jardín Nº 71, la Escuela Primaria Nº 1235, la Escuela Secundaria Nº 338 y la Escuela Técnica Nº 8057.
En un contexto inflacionario adverso, desde La Vigil denuncian que el contrato de alquiler mantiene valores “totalmente desfasados y que representan menos del 18% de lo que era en el año 2013″. Frutos expresa también que no tuvieron respuestas claras de la provincia: “han reconocido el problema y dicen estar trabajando en alguna solución, pero las propuestas que hemos recibido realmente no cubren ni las mínimas expectativas y no dan ninguna previsibilidad para funcionar en los próximos meses”.
¿Cuándo empezó el reclamo de La vigil a la provincia?
El planteo data de hace 2 años, cuando los directivos de La Vigil expusieron la situación ante el Ministerio de Cultura. Esto genero un expediente en cuya resolución la secretaría administrativa del Ministerio expresó que depende de la voluntad de La Vigil mantener o no el alquiler, de acuerdo a su propia conveniencia, poniendo en peligro el funcionamiento de las escuelas y proyectos que ahí funcionan.
“Esto no solo pone en jaque cómo seguimos sosteniendo La Vigil, sino que la otra pregunta es qué va a pasar con las escuelas, en una comunidad que necesita que sigan en el barrio. Por lo tanto, lo que nosotros estamos pidiendo es: primero, al Ministerio de Educación, y en segundo lugar al Gobierno, al Estado Provincial, que se hagan cargo de esta situación”, aclaró el director.
La historia de la Biblioteca Vigil: sus orígenes y su intervención militar
La Biblioteca Popular Constancio C. Vigil nació en 1944 como proyecto de vecinales de los barrios Tablada y Villa Manuelita. A partir de los años ‘60, comenzó a forjar sus proyectos educativos y, a lo largo de los años, se hizo conocida por sus famosas rifas y la importante comunidad educativa que desarrolló.
En febrero de 1977, en plena dictadura cívico, eclesiástico militar, patotas del ejército y la policía rodearon el edificio de La Vigil, obedeciendo a las órdenes del genocida Agustín Feced y declararon la intervención de facto del lugar, dejándolo en manos de Sócrates Alvarado. Ocho miembros de la Comisión Directiva fueron secuestrados y comenzó la liquidación del proyecto pedagógico y cultural de vanguardia con el robo, la venta ilegal y la quema de material. Esto es tan sólo la punta del iceberg de una intervención represiva que continuó con socios y empleados perseguidos y desaparecidos.
La intervención “liquidadora” continuó aún en democracia. En los más de 30 años desde la recuperación del Estado de Derecho, La Vigil perdió una gran parte de su patrimonio y sólo se pudo recuperar el edificio de Alem y Gaboto, luego de una donación del inmueble que había quedado en manos de la provincia. Esto fue en 2013.
¿Qué sucede con la ley de reparación histórica en el caso Feced III?
Desde 2012, hay una causa de delito económico, dentro del juicio penal por delitos de lesa humanidad cometidos contra los socios; este integra la Causa Feced III que lleva adelante la unidad fiscal de Derechos Humanos. “Estamos próximos a llegar a imputaciones”, comenta Frutos, con la esperanza de lograr alguna vez un fallo que permita la Reparación Histórica.
