Los allanamientos a las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad provincial derivaron en un enorme escándalo político por presunto espionaje ilegal de empresarios, periodistas, políticos y gremialistas que tiene al ex titular de la cartera, Marcelo Sain, como principal responsable. Tras el operativo, se conoció la renuncia masiva de funcionarios que habían llegado a Santa Fe con él y que seguían trabajando en la Provincia pese a su salida.
Dejaron sus puestos el viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Álvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias), Federico Llumá (director de Comunicaciones), Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control), Nadia Schujman (asesora) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).
Sus salidas responden a la investigación por supuestas maniobras ilegales para recolectar información. Concretamente, los fiscales de Delitos Complejos de Santa Fe, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, investigan si Sain “ordenó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”.
De comprobarse esto, se trataría de una violación de la ley nacional de inteligencia. Pero además, se cree que mucha de la información recolectada sobre distintas personalidades fue comprada en bases de datos con fondos reservados del Ministerio, por lo que también se le podría achacar al verborrágico hoy asesor de Aníbal Fernández el delito de malversación de fondos.
Lo que se encontró en los despachos fueron carpetas, papel triturado (en un intento apurado por destruir evidencia), celulares de seis ahora ex funcionarios y también se encuentran con varios testimonios. La hipótesis es que Sain armaba carpetazos contra dirigentes o personalidades con las que tenía algún cruce para, en el mejor de los casos, acallarlo y dominar la opinión pública.
