El saliente fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, elevó un pedido a la Fiscalía General de la provincia para iniciar un sumario administrativo sobre la actuación de Gustavo Ponce Asahad, el funcionario judicial que intervino en primera instancia luego del violento operativo policial realizado hace una semana en el barrio Toba de Rouillón al 4300.
El representante de la Unidad de Flagrancia fue el encargado de recibir las denuncias sobre apremios ilegales contra los vecinos de la comunidad Qom, aunque luego las actuaciones fueron remitidas a su colega del área de Violencia Institucional, Karina Bartocci.
Ponce Asahad había sido cuestionado por la decisión de liberar a uno de los detenidos durante el procedimiento, quien era buscado luego de fugarse de la cárcel de Coronda y había sido condenado por homicidio. En ese momento, desde la Fiscalía Regional de Rosario informaron que Juan Pablo Carrazán no podía permanecer bajo arresto debido a que el Juzgado de Ejecución Penal no había confirmado el pedido de captura vigente desde 2012.
Luego de este conflicto, el futuro fiscal general de Santa Fe envió el pedido de sumario para que sea analizado por la próxima auditora general de Gestión, María Cecilia Vranicich. Al igual que Baclini, la abogada designada aún no entró en funciones y tiene un plazo de 60 días para investigar la labor del funcionario rosarino.
Fotografía: ENOTPO.
