La inusual protesta generó importantes trastornos el 9 de octubre de 2017 y hasta derivó en una agresión con un botellazo hacia un automovilista. Fue la jornada en la que un grupo de recolectores derramaron en plan calle, frente a las oficinas del área de Servicios Públicos de la Municipalidad, 24 toneladas de basura en una acción que fue objeto de amplio repudio.
A poco más de 14 meses de los ocurrido, este jueves 21 empleados de las empresas Clean City y Ambiental Planet concurrieron al Centro de Justicia Penal para comparecer en el marco de una audiencia preliminar que tiene que definir si la causa que los involucra es elevada o no a juicio oral y público.
Según publicó el diario La Capital, la audiencia en cuestión fue suspendida por un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de los imputados por el delito de impedimento del normal funcionamiento de transporte por tierra.
La fiscal Valeria Haurigot, que instruye el caso, este jueves le planteó al juez Juan Andrés Donnola, que desde que ocurrió el hecho hubo tratativas entre las partes para aplicar un criterio de oportunidad y llegar a una solución alternativa al conflicto que incluso habían sido aceptadas por la Municipalidad y por la víctima de las amenazas.
Como primera acción para evitar la elevación a juicio los imputados ya realizaron un depósito de 100 mil pesos a la Pastoral de Drogadependencia de Rosario con el objetivo de que se acondicione un espacio para trabajar con personas en conflicto con las drogas.
La estrategia de la defensa que logró la anuencia de la fiscal y el Municipio, establece además que los recolectores investigados realicen tareas comunitarias en el mismo lugar, aunque el plazo, la modalidad de trabajo y las reglas de conducta, aún no fueron acordados.
Lo cierto es que la presencia de los 21 recolectores este jueves en el Centro de Justicia Penal posibilitó la suspensión de la audiencia preliminar y ahora hay expectativa para que el acuerdo entre las partes sea firmado antes de fin de año.
