Mientras la Cámara de Apelaciones de Rosario avanza en el trámite de las apelaciones al fallo del juicio a "Los Monos", la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) dará a conocer un nuevo protocolo para garantizar la seguridad de los funcionarios encargados de casos sensibles como el de la banda narcocriminal rosarina.
Las medidas a adoptar surgen de la firma de un convenio con la Asociación de los Magistrados Brasileños, cuyo titular encabezará este martes un acto en el que se sumará a las muestras de solidaridad hacia sus colegas por la serie de ataques armados atribuidos al clan Cantero y sus allegados.
Jayme Martins de Oliveira Neto será además el encargado de explicar cómo funcionará el protocolo que también abarca a jueces de otras provincias, aunque la coyuntura obliga a las entidades a enfatizar actualmente lo que ocurre en la ciudad y la provincia de Santa Fe.
Algunas de las herramientas consensuadas, como la de la custodia policial permanente, ya son aplicadas por el Gobierno provincial en el caso de quienes trabajan o intervinieron en la megacausa de "Los Monos". Esa precaución forma parte del dispositivo actual que incluye al tribunal presidido por Gabriela Sansó, una de las destinatarias de las últimas balaceras.
El documento que suscribirá la FAM contempla otras alternativas más estrictas como la de retirar a un juez de su lugar de trabajo si la gravedad del atentado lo requiere. A la vigilancia en dependencias oficiales y domicilios particulares se podrá sumar incluso el uso de chalecos a prueba de balas para proteger a las potenciales víctimas. En última instancia, el acuerdo también abre la posibilidad de darle al funcionario implicado un auto blindado para su traslado, una opción que el Colegio de Magistrados de Santa Fe hasta acá no tenía a su alcance.
Por último, el protocolo que ya se emplea en Brasil se refiere en forma puntual a la facultad de reubicar a sospechosos por amenazas que estén presos y extremar las medidas para su control, un punto sobre el cual insistió la Nación en los últimos días a través de la ministra Patricia Bullrich. Esa fue precisamente la decisión tomada a fines de mayo en el caso de Ariel Máximo "Guille" Cantero, la cual se concretó horas antes de los primeros ataques dirigidos al juez Ismael Manfrín.
