Los jueces expresaron su preocupación y solidaridad con Manfrín tras el tiroteo

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Santa Fe, Gustavo Salvador, manifestó su preocupación por los recientes ataques a balazos vinculados al juez que condenó a "Los Monos" y sostuvo que  sus colegas no pueden "estar sometidos a la presión y al amedrentamiento" a la hora de desempeñar su labor.

"No se puede permitir que exista la posibilidad de que desde el lugar de encierro o la vía pública se esté intimidando a personas por realizar su trabajo", apuntó el camarista, quien recordó que uno de los principales miembros de la banda tiene una causa abierta por amenazas telefónicas desde la cárcel a Edgardo Fertitta, otro juez de Sentencia que intervino en la megacausa referida a Ariel Máximo "Guille" Cantero y su familia.

Salvador confirmó este miércoles que estuvo en contacto permanente a lo largo de la noche con el Ministerio de Seguridad de la provincia, desde donde pusieron a disposición la chance de extender el protocolo de protección de testigos para resguardar a los magistrados. Esta medida ya había sido adoptada durante el juicio a los integrantes de la organización criminal tanto en el caso de Ismael Manfrín como en el de las otras juezas del tribunal.

El titular del organismo que representa a los funcionarios judiciales aseguró en contacto con Radio 2​ que el colega ligado a los tiroteos recibirá "todo el apoyo y la contención necesaria". Al mismo tiempo, planteó con suma preocupación "el desparpajo" con el que actuaron los tiradores, quienes "el mismo día en que llegan 200 gendarmes pasan "a dos cuadras de una avenida céntrica en moto pasan y balean la casa donde vivía un juez".

Recientemente Salvador también se pronunció públicamente sobre la estrategia para combatir al narcotráfico en la provincia y marcó cierta distancia con otros distritos que adhirieron a la Ley de Desfederalización. "Lo que hace falta sobre el proyecto referido al narcomenudeo es claridad", reclamó a la hora de poner de relieve la incertidumbre sobre los recursos para implementar la reforma en Santa Fe.