El 21 de diciembre de 2015, una ciudad santafesina comenzó a movilizarse ante la denuncia de la desaparición de un chico de 3 años. Un año después, dos familiares de Maximiliano Sosa permanecen detenidos por el hecho y aún no hay respuestas sobre su paradero.
La semana pasada, la fiscal Emilce Fissore se declaró incompetente en el marco de la investigación que abrió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre el episodio en Ceres y pidió la intervención de la Justicia Federal por considerar que es un caso de trata de personas.
Hasta el momento, la Justicia provincial imputó a la abuela del niño y a su concubino por la sustracción del menor. Ambos permanecen cumpliendo un régimen de prisión preventiva desde agosto.
