La Justicia federal amplió la medida contra el escribano F.T. y la administrativa Ana Paula S. en la causa por las facturas truchas. Estas personas habían logrado la falta de mérito en el fallo del juez Carlos Vera Barros. Además, confirmó en segunda instancia el procesamiento de los primeros doce involucrados y la prisión preventiva de seis personas.
La Sala A de la Cámara Federal de Rosario, integrada por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Jorge Gallino le atribuyó a F.T. varias constataciones notariales a favor de la banda y conversaciones en las que apareció supuestamente mencionado. En tanto, a Ana Paula S., haber cumplido tareas administrativas e impreso documentos falsos.
El fallo de Cámara, de diciembre pasado, ratificó la mayoría de las decisiones tomadas por el juez de primera instancia, que en la resolución sostuvo que la banda creaba "empresas" que en realidad no existían con el objetivo de generar facturas falsas que luego vendían a otras firmas para evadir impuestos.
Las firmas ficticias se constituían con personas insolventes y facturaban con 72 claves únicas de indentificación tributaria distintas y diversas modalidades de facturas apócrifas.
En la investigación se pudo comprobar que esas facturas truchas incluyeron recibos de papel, electrónicos, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.
A partir de esas operaciones se pudieron identificar los equipos informáticos desde los que se habían concretado y a través de los números IP para llegar donde se habían emitido los documentos apócrifos.
Por este motivo quedaron detenidos con prisión preventiva Lelio Serafini, Marcelo Liporaci, Jorge Centeno, Adrián Zeballos, María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo, imputados de "coautores del delito de asociación ilícita tributaria" y "en calidad de organizadores".
Los que recuperaron su libertad previo pago de fianza son Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García, Hernán Racca, Iván Doboletta y Atilio Miotti, todos con embargos de un millón de pesos.
El caso trascendió el 5 de julio pasado cuando el magistrado Vera Barros detuvo a los líderes de la organización de la que participaron alrededor de 80 personas, entre ellos, escribanos, contadores e informáticos, así como administrativos y vendedores, acusados de diversos delitos aparte de la de asociación ilícita, evasión agravada, falsificación y uso de documento falso.
