Poco después de la tercera suspensión de la audiencia imputativa contra el comisario mayor Adrián Rodríguez por cohecho pasivo, el fiscal Roberto Apullán confirmó que además de entregar esa causa dejó de tener a su cargo las investigaciones sobre corrupción que salpican al intendente José Corral y al ex jefe de policía de la provincia, Rafael Grau.
En lo que respecta a las acusaciones por irregularidades en la administración de fondos de la Municipalidad, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) reveló que remitió el legajo a sus superiores dos semanas antes de las elecciones.
En conferencia de prensa, Apullán detalló que también quedó desvinculado de la pesquisa vinculada al pago de horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria) en la fuerza provincial, una de las dos denuncias por las que se pidió el arresto de Grau. No obstante, seguirá analizando el presunto fraude en la reparación de vehículos oficiales durante la última etapa de la gestión del ex comisario en el departamento La Capital.
"Las causas se reasignaron el 12 de octubre por la reestucturación. Yo pedí un tiempo más porque la doctora (María Laura) Martí estaba de licencia y se me juntaron varias audiencias", aclaró el fiscal. quien se enteró de la suspensión a través de una cédula recibida dos minutos después de la hora fijada.
"Las investigaciones están en marcha y tendrán el desenlace que corresponde conforme a derecho. Acá no se plancha ninguna causa y no hay protección a nadie", aseguró minutos después el director Carlos Arietti.
Ratificando las diferencias con su subordinado, el titular de la Fiscalía Regional 1 aseguró que la denuncia contra Rodríguez ya había sido delegada a la nueva Unidad de Delitos Complejos antes de este jueves y sentenció: "Técnicamente no hubo una audiencia imputativa porque no hubo convocatoria, ya que no estaba el fiscal a cargo del caso".
Tras considerar que era inválida la presentación solicitada por Apullán, Arietti defendió su decisión de liberar al jefe policial de Rafaela y explicó: "La plataforma fáctica no se correspondía con el tipo penal en el que el fiscal quería subsumir la conducta".
