Luego de la imputación de tres personas por las amenazas de bomba a escuelas, el fiscal de la causa, Gustavo Ponce Asahad, indicó que buscan individualizar a los autores de 100 llamados para llevarlos antes la Justicia.
Este viernes se imputó por intimidación pública a tres personas que habían sido detenidas en los allanamientos realizados el miércoles, mientras que un cuarto adulto fue liberado porque no había pruebas suficientes para sostener su imputación.
"Contra los tres primeros había evidencia importante y contundente, mientras que con esta última persona se está buscando la figura legal para su imputación", indicó el fiscal en diálogo con Radio 2.
Mientras tanto, estos cuatro padres seguirán el proceso en libertad, aunque deberán acudir a la Oficina General de Justicia cada 15 días. No se fijó una caución de $10 mil tal como pedía la Fiscalía.
"Este fue el primer paso, pero hay un número significativo de causas, más de 100, orientadas en el mismo camino: individualizar a los titulares de las líneas que hicieron las llamadas amenazantes para que afronten el proceso penal", aseveró.
