El abogado Nicolás Mayoraz se expresó este jueves en torno al pedido del titular del partido Unite de que el Tribunal Electoral baje la lista de diputados que encabeza Amalia Granata. El letrado aseguró que "no existe ninguna posibilidad jurídica de que pueda ser bajada".
Mayoraz precisó que el planteo de José Bonacci "es absurdo porque la lista fue presentada por el propio Frente Electoral y oficializada por el Tribunal Electoral, y esa decisión fue consentida por la alianza partidaria".
El letrado afirmó que "no puede el partido pretender ahora bajar la lista por un supuesto 'mal asesoramiento a Amalia Granata' como dijeron, cuando la ciudadanía ya se expresó en las urnas en forma clara y contundente".
Mayoraz, tercer integrante de la lista de la rosarina, además manifestó que pese a que los partidos políticos tienen el monopolio de la presentación de las listas "esto no los habilita a bajar a los candidatos cuando el cronograma electoral está en marcha y ya se ha cumplido en una de sus etapas más importantes como son las primarias".
El constitucionalista dijo que la solicitud de bajar la lista "viola elementales derechos constitucionales como lo es el derecho a elegir y a ser elegido, la pretensión es caprichosa e infundada, y también viola el principio básico que justifica nuestro sistema electoral, cual es que los partidos políticos tienen como finalidad promover la participación de los ciudadanos en la vida política, y no lo contrario".
Luego apuntó con Bonacci quien-según él- "exhibe una conductoa antidemocrática pues pretende imponerse por encima de la voluntad popular, violando la buena fe que debe regir su actuación".
El abogado dijo que si el titular "prestó la conformidad para que Amalia Granata participara en las elecciones, dio los avales partidarios para permitirle hacerlo y además consintió la oficialización de la lista, no puede ahora atribuirse la potestad de bajarla unilateralmente contradiciendo sus propios actos anteriores".
Lo cierto es que ahora los integrantes de la lista de Unite por la vida "confían" en que la Justicia Electoral resuelva el caso y se respete la voluntad "especialmente a los 150.000 santafesinos que votaron" a la rosarina.