En función del primer análisis realizado con uno de los expedientes vistos, se refirió a una irregularidad detectada en el Ministerio de Desarrollo social provincial: "La función de nuestro Tribunal es la de controlar pero esto se vuelve realmente imposible cuando este Ministerio y otros organismos públicos entregan la información a su antojo, fuera de los plazos y llena de irregularidades", sentenció la Vocal.
Además comentó que el Ministerio de Desarrollo accedió a los datos de un expediente vinculado a la compra de alimentos en el cual se detectó la existencia de precios por encima de los precios máximos, y con el agravante de que la compra no tiene identificada la marca ni calidad del producto de que se trata.
Debido a esta seria irregularidad con relación a la compra de alimentos realizada en pandemia para los sectores más vulnerables, la Vocal adelantó que solicitará un acuerdo extraordinario para el inicio de una investigación y establecer responsabilidades.
"El Gobierno Provincial estableció un sistema de compras y contrataciones ante la emergencia sanitaria que no respeta las normas, no es transparente y no permite los controles precisos ni auditorias necesarias", destacó Gribaudo; quien agregó que se detectaron serias irregularidades en las compras y contrataciones por lo que avanzarán con denuncias y presentaciones judiciales.
Por su parte, desde la UCR dijeron que es llamativa la concentración de compras en pocos proveedores, la falta de cumplimiento de las normas y la contratación de firmas que no registran antecedentes ni historia en los rubros en los que se presentan.
La Vocal del Tribunal de Cuentas Yanina Gribaudo denunció que la provincia de Santa Cruz niega la información pública sobre las compras de alimentos y otros productos que se vienen realizando a discreción y de forma directa por los organismos en medio de la pandemia.
Gribaudo remarcó que el Gobierno está frenando el funcionamiento de los organismos de Control y no hay ninguna voluntad de fomentar la transparencia en el manejo de los procesos de compra por parte de las autoridades provinciales, generándose una serie de procedimientos que solo tienden a complejizar y obstaculizar el control en perjuicio de la propia población.
