La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria solicitará al Poder Ejecutivo cordobés que declare en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a zonas de 23 cuencas hidrogeológicas de Córdoba, que incluye a toda la franja este y parte del sur provincial, afectadas por el impacto de las fuertes lluvias ocurridas a fines de 2016 y principios del corriente año, se informó este martes.
La comisión encabezada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, se reunió esta mañana para delimitar las zonas de la provincia afectadas por los excesos hídricos, para elevar posteriormente al Poder Ejecutivo cordobés la propuesta de las superficies a incluir en un nuevo decreto de Emergencia Agropecuaria.
En el acta se propuso incluir en el decreto a zonas de 23 cuencas hidrogeológicas del sur y el este cordobés, que sufren excesos hídricos en los suelos tras las últimas lluvias ocurridas.
La zona afectada no está definida a partir de criterios geográficos de división política, ya que desde hace un tiempo se determinó la utilización de un sistema que toma las cuencas hídricas como referencia, lo que permite incluir a todos los establecimientos perjudicados sin importar su ubicación.
Una vez que el Poder Ejecutivo firme el decreto que determine el estado de Emergencia o Desastre en las zonas propuestas, todos los productores afectados que se encuentren dentro de estas regiones, deberán presentar a partir del 1 de marzo su declaración jurada de daños.
Las cuencas hidrológicas incluidas dentro de la propuesta elevada por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria al Poder Ejecutivo por anegamientos de suelos son: El Gato y Arroyo Santa Catalina, Río Cuarto, Río Tercero, Chazón, Arroyo El Chato, Tortugas, y Río Segundo (Xanaes).
En estos sistemas hídricos, se incluirán los establecimientos agropecuarios que se ubiquen por debajo de la cota de 300 metros sobre el nivel del mar.
También se encuentran incluidas en la totalidad de sus superficies las cuencas Santa Ana, La Picasa, Laguna Jume, Saladillo, Río Quinto, Morteros, Carcarañá, San Francisco y Laguna del Siete, y Área sin Drenaje Superficial (General Roca). Otras cuencas incluidas en el informe son las del Río Carnero y Salsipuedes, Jesús María y Río Pinto, Totoral y Arroyo Macha, Río Bustos y Arroyo del Pescadero, Río de los Tártagos y Río Seco, y Río Dulce. En estos sistemas, se incluyen los establecimientos ubicados por debajo de la cota de 150 metros sobre el nivel del mar.
Finalmente, se decidió incluir también las zonas que comprenden las áreas bañadas por el río La Paraguaya, nuevo cauce que pasa en cercanías de la localidad de Chaján.
En cuanto al período de vigencia para la emergencia agropecuaria, se sugirió para las actividades agrícolas desde el 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017; y para los establecimientos ganaderos, de tambo, apícolas y fruti-hortícolas, la fecha de inicio será el 1 de enero de 2017 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2017.
El principal beneficio que otorga la ley de emergencia agropecuaria provincial es la postergación del pago del impuesto inmobiliario rural (en caso de tener más del 50 por ciento de afectación), o directamente la exención si se supera el 70 por ciento.
Además de Busso, participaron de la reunión legisladores departamentales, integrantes de entidades del ser agropecuario, representantes de organismos como el INTA y del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Bolsa de Cereales de Córdoba.
