Amnistía Internacional presentó en un informe el registro de más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante el periodo de las medidas de aislamiento en Argentina. Entre ellos se encuentran: el asesinato de Luis Espinoza en Tucumán, la violencia desatada contra la comunidad Qom en Chaco y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son los más resonantes.
Los casos relevados en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. A su vez, todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad.
Preocupa especialmente a la organización internacional que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza. El ejercicio de las facultades de control de las fuerzas de seguridad no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, indicaron.
La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que "en una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población". No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas, puntualizó.
Además de los casos mencionados en Tucumán, Chaco y provincia de Buenos Aires, la organización verificó hechos de uso excesivo de la fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santiago del Estero y Santa Cruz. Si bien en muchos de los episodios los poderes ejecutivos dispusieron medidas para separar a los efectivos involucrados, es imperioso que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales y se sancione a los responsables de violencia estatal.
Gravedad institucional y necesidad de una reforma estructural
Amnistía Internacional señala que la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos.
Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos. El control, monitoreo, la capacitación y la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos continúa siendo una deuda pendiente en Argentina.
Amnistía Internacional llama a las autoridades nacionales y provinciales a trabajar de manera coordinada en una estrategia de seguridad integral y con perspectiva de derechos humanos que evite que estos casos sigan repitiéndose en el país.
