El fiscal general de Rawson, Omar Rodríguez durante las inspecciones oculares en 22 escuelas de Rawson y Playa Unión relató que encontraron irregularidades en algunos establecimientos. La ministra de Educación, Graciela Cigudosa había sido denunciada por los diputados provinciales Alfredo Di Filippo (Convergencia) y Eduardo Conde (Cambiemos) por un posible sobreprecios en las refacciones.
El fiscal Rodríguez remarcó que "vamos a documentar todo de manera fotográfica y a través de la ivnformación que nos puedan brindar los directores". Además informó que "estamos viendo como primer punto de reflexión que estas reparaciones menores no se condicen con las necesidades de las escuelas".
En este sentido, el letrado dialogó con los directores de los establecimientos educativos y le manifestaron que "tenían otras urgencias y no cambiar un picaporte o un tubo fluorescente".
Rodríguez consideró que existiría "una repetición de varias empresas que tenían estrechos vínculos entre sí". Algo que se contradice contra el concurso de precios donde las compañías deben competir entre sí, se presupone que el otorgamiento de la obra a la que cotice el menor precio. "Pero nosotros estamos trabajando en la hipótesis a que no fue así como está planteado o cómo surge de la documentación", analizó.
El fiscal señaló que se trabajarán en dos expedientes por ser resoluciones distintas, una abarcará Rawson, Esquel y Comodoro mientras que la segunda tendrá que ver con la Región de Madryn. En cuanto a la implicancia de Cigudosa, el letrado reveló: "La ministra firma la resolución en la que otorga las partidas extraordinarias a las distintas las escuelas para llevar adelante las refacciones".
Según la resolución, el control lo tenían que hacer los propios directores de las escuelas. "También hemos observado que, de acuerdo a los valores de mercado, habría un sobreprecio respecto de los elementos colocados", afirmó.
Por otra parte, el funcionario aseguró que "hay empresas que no tienen que ver con la construcción, su actividad no condicen con este tipo de trabajos". A su vez detectaron "diferencias en la ejecución de una primera etapa, en algunas escuelas se hizo muy poco y en otras se avanzó más", expresó
Rodríguez dijo que "estamos en la tarea preliminar de recolectar información para determinar la existencia del delito y quienes serían los presuntos autores. Tenemos elementos suficientes para seguir avanzando". Las empresas contratadas cobraron el 50% por el trabajo, lo que asciende a $1.400.000.
El fiscal aseveró que "encontramos varios desfasajes en lo que se decía que se hizo y en lo que realmente se colocó. También algunas cosas que se mencionaron como reparadas y no se han reparado. Tampoco, en algunos casos, está claro quienes son los representantes de las empresas". Según publicó Radio 3.
