El Senador Alcides Calvo presentó un Proyecto de Comunicación aprobado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. El mismo solicita al Poder Ejecutivo Provincial que se realicen las gestiones necesarias ante los Organismos Nacionales correspondientes a los fines de evitar la desregulación del nomenclador de prestaciones y servicios en discapacidad que conforman el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad establecido por la ley nacional 24.901 por parte del Ejecutivo Nacional continuando como se está aplicando en la actualidad.
La Ley Nacional N° 24.901 en su artículo 1° instituye un Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y mediante el Decreto N° 1193/98 se aprobó la reglamentación de dicha norma y estableció que la entonces Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad sería el organismo regulador del “Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad” y que contaría para su administración con un Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Por Decreto N° 698/17 se creó la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo descentralizado actualmente en la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, erigiéndose como continuadora de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. A su vez también se estableció la composición, misión, funciones y normativa de funcionamiento del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El Directorio está integrado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación, la Administración de Programas Especiales, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad, el Consejo Federal de Salud, el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción Social, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y dos representantes de las instituciones sin fines de lucro, destinadas a la atención de personas con discapacidad, prestadores de servicios que acrediten antigüedad e idoneidad a nivel nacional.
Hoy existe un nomenclador que plantea cuáles son las prestaciones y servicios en discapacidad y el valor que tiene cada una de estas y actualiza sus valores a través de una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas.
En este Directorio participan organismos del gobierno, que son mayoría, y representantes de organizaciones prestadoras por la minoría, por lo tanto, a los aumentos los termina determinando siempre el gobierno nacional. Lo que se plantea es que ya no habrá un nomenclador único, sino que pasaría a haber aranceles de PAMI, otros aranceles de Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Salud. Esto implica un riesgo porque por un lado ya no existirá un sistema único, sino que cada uno de estos entes tendría su propio valor de prestaciones y servicios, lo cual esboza una diferencia injusta para las personas con discapacidad afiliadas a estos organismos y deja en manos de cada entidad plantear sus valores del nomenclador. La Superintendencia (SSS) sería la encargada de pautar los valores que deberían pagar las obras sociales y prepagas.
Calvo manifestó: “Nos encontramos ante un ajuste que no sólo hace que los valores económicos vayan por detrás de la inflación, sino que desarma el nomenclador para que cada financiador pueda ajustar libremente, lo que impacta tanto en las prestaciones de instituciones como de personas individuales, haciendo que muchas instituciones prestadoras no cuenten con los recursos para afrontar los servicios básicos.
