Este martes, en Santa Fe, se llevó a cabo una audiencia pública para analizar la propuesta de Aguas Santafesinas SA (ASSA) para incrementar sus tarifas en un 30%, en tres tramos, durante todo 2025. No está claro aún cuándo se aplicaría cada incremento.
Ahora, se espera el dictamen del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) para que después, el Ministerio de Obras Públicas defina el monto del incremento. Antes de la audiencia, el titular de la cartelera, Lisandro Enrico había indicado que si la empresa hubiera sido privada, se hubiera fundido, dado que el 75% de los gastos no se cubrían con la tarifa. Y tras los incrementos del primer año de gestión de Maximiliano Pullaro, se bajó a un 40%.
Los defensores del Pueblo Ad Hoc de la provincia de Santa Fe Gabriel Savino y Javier Diaz Dechiara dieron su mirada al respecto. El primero de ellos advirtió que “el valor público en la gestión no se logra simplemente trasladando costos al usuario”, y recordó que “el gobierno nacional fijó limitar al 1% mensual la actualización del Coeficiente de Modificación K a partir de febrero de 2025 manteniendo la eficiencia en la prestación del servicio sin generar un impacto significativo en las tarifas por dos factores principales: la desaceleración del proceso inflacionario en los últimos meses y los avances logrados por la concesionaria del servicio de agua potable en la optimización de costos operativos”.
En tal sentido, el defensor señaló: “Entendemos que cada uno debe pagar por lo que consume; no obstante, es crucial diferenciar entre los distintos tipos de consumo, domiciliario/familiar, comercial, industrial, social, deportivo, comunitario”, y agregó: “La lucha contra las pérdidas, el derroche y las malas prácticas del uso del agua potable debe ser parte integral del proceso tarifario”.
En referencia directa al plan de tarifas que viene aplicando la empresa marcó: “El incremento tarifario aplicado en el 2024, impacto al usuario entre el 520% y 530%, y estos aumentos se basaron exclusivamente en el déficit financiero declarado por ASSA”, y ahondó en la recarga de costos sobre el usuario: “Según declaraciones públicas de la empresa se pasó de una cobertura del déficit de ASSA del 90% de los costos del gobierno provincial a un 50%, pero a costa de la ciudadanía”.
Durante su intervención, también destacó “el crecimiento exponencialmente de los reclamos ante la Defensoría, más del 130% respecto al año 2023 y más del 170% respecto al 2022″, y demandó una mejora en la información pública que brinda la empresa “ya que para hablar de transparencia y gobernanza, la información que debería ser pública y accesible en muchas ocasiones ni si quiera está publicada”.
