Los concejales de Coronel Rosales Daniel Medina y Lisandro Delle Donne presentaron un proyecto dirigido a las empresas estatales Trenes Argentinos y F.A.S.E junto a los concesionarios privados del sistema ferroviario solicitando precisiones sobre las obras y gestiones que se estén realizando a los efectos de producir el retorno de la traza ferroviaria que conecta la ciudad de Bahía Blanca con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El concejal Daniel Medina manifestó su preocupación en el programa radial de Fm del Mar 100.1 Contalo Como Quieras. “había mucha gente de nuestra ciudad que utilizaba el servicio de Bahía - Constitución. En cuanto a la calidad del usuario era de excelencia, el problema es por donde va el tren. Lo que no mejoró es lo que está concesionado”.
“La formación contaba con un vagón con pasajes para usuarios poseedores del Certificado Único de Discapacidad, que de forma gratuita podían viajar a Capital usando tal servicio principalmente por razones médicas”, sostuvo el Doctor Daniel Medina.
Los concejales autores señalaron que recientemente la página oficial de Trenes Argentinos eliminó del mapa de sus trazas a la línea hacia Bahía Blanca, “si bien no se menciona la baja del servicio en ningún momento, se lo ha quitado de todas las listas de información, y resulta preocupante dicho hecho sumado a la falta de información sobre las obras realizadas”.
Cabe señalar que la suspensión del servicio se estableció en Marzo del año pasado tras diferentes sucesos ocurridos en la cercanías a Olavarría, en donde -de acuerdo a la intervención judicial– , el último siniestro, estuvo ligado al impacto de un camión sobre uno de los rieles, habiendo sido posteriormente procesado el chofer de dicho vehículo por “estrago culposo”.
Los autores recordaron que en dicho contexto, la empresa Trenes Argentinos exigió a las empresas concesionarias Ferro Expreso Pampeano y Ferrosur Roca el refuerzo de estructuras sobre el puente del Rio Salado, acorde tal pedido a lo dispuesto por la Justicia Federal de Azul. Dichas empresas privadas operan desde las privatizaciones ocurridas en la década del 90 y recientemente el actual gobierno nacional por medio de la Resolución 269/24 prorrogó su permanencia hasta fines de abril de 2025.
