El proceso de desregulación del mercado de la yerba mate, impulsado por el Gobierno nacional, dio este martes un nuevo paso con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La medida avanza en la eliminación de normas y mecanismos de control del organismo, en cumplimiento del Decreto 812/2025, que estableció la liberalización del sector.
La resolución fue aprobada por el directorio del INYM, con la firma de todos sus integrantes, incluido el nuevo representante del Poder Ejecutivo nacional, Rodrigo Correa. El texto dispone la revisión y adecuación del marco normativo vigente del Instituto para alinearlo con el esquema de desregulación definido a nivel nacional.
Uno de los cambios centrales es la derogación de la Resolución 37/2007, que prohibía la cosecha y la secanza de yerba mate durante el período de brotación. Esa normativa, vigente durante casi dos décadas y orientada a preservar la salud de la planta, fue considerada incompatible con el nuevo modelo de libre iniciativa privada. A partir de ahora, la responsabilidad de respetar los ciclos biológicos del cultivo queda en manos de cada operador.
En cuanto al régimen sancionatorio, la resolución dejó sin efecto la Resolución 15/2003, que establecía infracciones y penalidades consideradas “desactualizadas y obsoletas”. También se derogó la Resolución 103/2017, que permitía la inhabilitación inmediata de operadores ante la falta de documentación respaldatoria durante inspecciones, al entender que no se ajusta al nuevo marco normativo.
Asimismo, se avanzó en la flexibilización del régimen de declaraciones juradas mediante modificaciones a la Resolución 21/2009. Entre los cambios se destacan la eliminación de sanciones automáticas por incumplimientos formales, la supresión de la baja directa del operador por falta de presentación y la incorporación de un sistema de intimación previa de cinco días hábiles antes de una eventual inhabilitación.
En los considerandos, el directorio del INYM aclaró que estas medidas constituyen una primera etapa del proceso de revisión normativa, y que aún restan analizar otras resoluciones para determinar su adecuación al principio de libertad de mercado establecido por el Gobierno nacional.
