El Frente de Todos jugó este miércoles su última carta para conseguir el quórum en el Senado y votar el pliego de la jueza Ana María Figueroa, integrante de la Cámara de Casación Penal señalada por una supuesta cercanía al kirchnerismo, quien cumplirá los 75 años el próximo 9 de agosto y por ende deberá jubilarse si la Cámara alta no extiende su mandato.
El oficialismo ya fracasó, el pasado 12 de julio, en su intento por tratar el pliego de Figueroa. Ese día, le faltaron tres senadores para el quórum: dos del bloque Unidad Federal, el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider; y el rionegrino Alberto Weretilneck, gobernador electo de su provincia.
En la última semana del receso invernal, la bancada presidida por José Mayans comenzó a tantear el terreno para hacer un nuevo intento, aunque este martes Weretilneck avisó, en declaraciones a distintos medios, que no acompañará ninguna sesión antes de las PASO, y de esa manera puso al oficialismo contra las cuerdas.
Sin Weretilneck, al Frente de Todos no le dan los números para sesionar aún logrando el apoyo de los otros dos “rebeldes”, Snopek y Kueider. El primero estaría más cerca de rever su postura, pero Kueider, por el contrario, la había endurecido. Por eso, el oficialismo le concedió este miércoles lo que pedía: el dictamen de un proyecto para disminuir la tarifa eléctrica en el interior del país.
Sucedió en una reunión de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, convocada con escasas horas de anticipación, donde prosperó el despacho del proyecto de Kueider, que fue el único que figuró en el temario a pesar de que hay otros sobre el mismo tema presentados por otros senadores.
Pero además, se eliminó el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no hubo análisis alguno del impacto fiscal de la reducción tarifaria. Tampoco se consultó la opinión del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Energía. El propio Mayans expresó sus dudas y firmó el dictamen en disidencia junto a sus pares. Con todos estos condimentos, el debate pasó ahora al recinto.
“Es de una irresponsabilidad absoluta y una falta de compromiso que hoy se pretenda dictaminar”, se quejó Mariana Juri (UCR). “Este proyecto distorsiona mucho más el ya distorsionado sistema de electricidad y combustible de Argentina”, agregó Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien pidió sin éxito escuchar “a todos los actores afectados”.
El proyecto apunta a reducir la tarifa eléctrica a través de distintas vías, como una reducción del IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 21 al 5% para usuarios residenciales y del 27% al 10,5% para usuarios comerciales, industriales y pymes.
También propone que las distribuidoras energéticas no puedan cobrar cargos extras ni actuar como agentes de percepción de tributos de ningún tipo; y un aumento del 12% al 20% de las regalías que perciben las provincias productoras de energía, que se destinaría directamente a la disminución tarifaria.
“Este tema responde a una fuerte demanda de la sociedad, que tiene que ver con el costo de la energía eléctrica, que en las provincias del interior nos viene impactando desde hace mucho tiempo y en CABA se está sintiendo recién ahora”, describió Kueider en la comisión, y habló de una “inequidad total” en el precio que pagan la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.
“Es muy fácil abaratar la energía cuando no se le paga al que te la vende. En Entre Ríos, Enersa y las cooperativas eléctricas no le deben un centavo a CAMMESA, y además hacen las inversiones correspondientes para no tener cortes, y todo eso encarece el servicio. No ha sucedido lo mismo con Edenor y Edesur, que han dejado de pagarle cifras multimillonarias a CAMMESA, no han hecho las inversiones correspondientes, y por eso han sufrido cortes”, amplió.
Además, advirtió, “el Estado Nacional interviene condonando parte de esas deudas y financiando la otra parte en comodísimas cuotas a largo plazo en pesos, y todo eso lo pagan todos los argentinos”. “Los ciudadanos del interior terminamos subsidiando la energía a la Ciudad de Buenos Aires”, remató.
Mayans compartió la “preocupación” por el tema, pero admitió “diferencias” con la propuesta de Kueider. “Si cada legislador propone bajar impuestos… eso está votado en el Presupuesto Nacional y afecta leyes de todo tipo. Si vamos a hacer una rebaja impositiva, hay que ver a quién le ajustamos”, planteó el formoseño.
El senador también llamó a dar otros debates, como las inequidades en los subsidios al transporte, pero la radical Juri le salió al cruce: “Hace casi dos años que no podemos dar ni un solo paso en el tema del transporte. Los temas de algunos senadores parecen ser urgentes, y este no lo hemos tratado”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el riojano Ricardo Guerra, apenas intervino brevemente en el debate sobre la tarifa eléctrica para pedir que se pase el dictamen a la firma. Ahora, el oficialismo buscará forzar cambios en ese texto antes de la próxima sesión, que esperan convocar antes del 9 de agosto para avalar el pliego de la jueza Figueroa y otros 74 nombramientos.
