Luego de anunciar que denunciaría a Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria ante la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Bullrich dio marcha atrás y suspendió la acusación.
Es que cerca del mediodía de este lunes, el presidente utilizó su cuenta de Twitter para decir que finalmente le pagará a Ciudad con bonos TX31. “Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos AIres”, escribió.
“Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, detalló.
Después de leer las palabras del jefe de Estado, la titular del PRO publicó: “¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional”.
El descargo de Patricia Bullrich previo al anuncio de Alberto Fernández
“Desobedecer el fallo de la Corte Suprema es desobedecer el orden constitucional. ¡Tienen que ir presos!”, dijo Bullrich en Twitter al confirmar la denuncia penal, que fue impulsada también por los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet.
El artículo 230, inciso 2 del Código Penal, sostiene que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.
Además de Alberto Fernández, la denuncia apuntaba a los 19 gobernadores que apoyaron al Presidente en su decisión de desobedecer la Justicia. Se trata de los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.
Bullrich cita en su presentación la obra “El contrato social”, de Jean-Jacques Rousseau, para argumentar que la decisión tomada por el Gobierno nacional afecta gravemente la institucionalidad de Argentina.
“Que las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia, importa una grave ruptura del orden institucional y la puesta en crisis del sistema que garantiza la vida en paz en la sociedad”, señaló la exministra de Seguridad en el texto.
Por ese motivo, Bullrich solicitó que se investigue a los dirigentes del oficialismo por el incumplimiento en la decisión tomada por la Corte Suprema e instigar a la “desobediencia”.
“Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, se agrega en el escrito.
La de Bullrich no fue la primera denuncia contra el jefe de Estado por la polémica judicial por la coparticipación. También lo hicieron desde la Coalición Cívica y los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos.
