La Corte Suprema, por el voto unánime de los tres jueces que intervinieron en el fallo, hizo lugar al amparo interpuesto por el senador del Frente PRO Luis Juez y decidió que era nulo el decreto parlamentario por el que la presidente del Senado, Cristina Kirchner, designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En diciembre pasado, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la ley 26.080, sancionada en 2006, por no respetar el equilibrio entre los tres estamentos (jueces, abogados y legisladores) que prevé el artículo 114 de la Constitución Nacional. Como consecuencia, le otorgó al Congreso un plazo para sancionar una nueva ley que se ajustara a ese equilibrio.
A diferencia de lo que sucede habitualmente, el alto tribunal tuvo el buen criterio de determinar el efecto que tendría la omisión del Poder Legislativo. De tal forma, cuando venció ese plazo se tornó aplicable la consecuencia prevista en el fallo: se restituyó la vigencia de una ley anterior, la 24.937, como remedio transitorio e indispensable, ya que el Consejo no puede dejar de funcionar.
La ley que recobró vigencia diseña un Consejo con más miembros. Era necesario cubrir las nuevas vacantes. Para ganar un lugar más, Cristina Kirchner hizo que su bloque en el Senado se dividiera. Así, le correspondería la representación de la mayoría y de la segunda minoría; esta última, sin esa división, hubiera correspondido al Frente PRO, que postuló a Juez.
Fue una maniobra muy burda. La división artificial del bloque tuvo lugar después de que la sentencia de la Corte le fuera notificada al Senado, lo que revela por sí solo que la partición fue un ardid para incumplir ese fallo. Los jueces emplearon un lenguaje inusualmente duro para criticar esa jugarreta.
El kirchnerismo habló de “golpe judicial” y sostuvo que la Corte pretendió usurpar funciones legislativas. Un argumento ridículo: el Senado puede tener tantos bloques como los senadores quieran, pero uno de ellos, ya constituido, no se puede partir al solo efecto de hacer una trampa. La división en sí misma no es inválida, sino, como la Corte aclara, “inoponible” a la determinación de la representación del Senado en el Consejo.
También sostiene que Horacio Rosatti se debió haber excusado porque es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura. Otra falsedad. Que presida el Consejo no implica que tenga un interés personal en esa función. Acá los kirchneristas suponen que todos son de su condición. Es la ley la que determina que el presidente de la Corte sea el presidente del Consejo. Una vez más: la aplicación de esa ley es un remedio transitorio y el Congreso podría sancionar otra que no contemplara esa doble presidencia. Por otra parte, las excusaciones y recusaciones se interpretan siempre con sentido muy restrictivo.
Por último, los habituales voceros jurídicos del kirchnerismo, como el estrafalario juez Juan María Ramos Padilla, han salido a denunciar que los jueces no se pueden entrometer en cuestiones propias del Poder Legislativo. Pretenden reeditar la vetusta doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, que la Corte dejó hace ya muchos años. Con el criterio de Ramos Padilla, Cristina Kirchner podría haber designado a todos kirchneristas como representantes del Senado en el Consejo, aún si su bloque fuera, por hipótesis, minoritario, sin posibilidad de revisión judicial. Un disparate.
La Corte cumplió con su deber: restableció la legalidad vulnerada por la voluntad arbitraria de quien se cree que está por encima de la Constitución, que solo ella representa al pueblo y que la separación de poderes es una pieza de museo.
