Protagonista del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, el diputado ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade sostiene que el objetivo inmediato del oficialismo no es conseguir los dos tercios en los votos necesarios en el recinto, sino “investigar cada una de las denuncias y mostrarle a la sociedad qué clase de jueces tenemos” en el máximo tribunal.
En una entrevista con este medio, Tailhade defiende la acusación contra la Corte por mal desempeño y advierte: “Yo le preguntaría a la oposición, que plantea que nosotros no podemos cuestionar el contenido de las sentencias, ¿cómo se expresan los jueces? ¿Solamente tendríamos que intervenir si encontramos a un juez con un cuchillo y un cadáver con sangre?”.
Además, el presidente de la Comisión de Justicia asegura que los chats que revelan supuestos nexos entre el tribunal y el gobierno de la Ciudad “son válidos” como prueba “porque se trata de un procedimiento político”. Finalmente, descarta que los acusados terminen renunciando: “Todo el poder está cubriéndolos”.
¿Por qué el Frente de Todos avanza sin tener los dos tercios de los votos necesarios?
Efectivamente, nosotros hoy no tenemos el número, pero nuestro objetivo no es conseguir el número; nuestro objetivo inicial es investigar cada una de las denuncias y mostrarle a la sociedad qué clase de jueces tenemos en la Corte Suprema, que evidentemente no responden a todos los argentinos sino a un puñado de empresarios y personas que representan el poder económico en Argentina. Nuestra obligación es iniciar un procedimiento de esta naturaleza, independientemente de si tenemos o no el número en el recinto. Pero vamos a ver si el número no está. No necesariamente tenemos que caer en esta conformación de la Cámara con un dictamen acusatorio; el año que viene puede cambiar el número de los bloques. Tenemos tres años parlamentarios para poner el dictamen en consideración, así que ese no es nuestro objetivo inmediato. Al contrario: es investigar los hechos, mostrarle a la sociedad qué clase de Corte tenemos, y después hacer las gestiones vinculadas al recinto.
Juntos por el Cambio cuestiona que acusen a la Corte por “el contenido” de sus fallos, ¿es así?
En parte es así. Hay dos fallos que forman parte de la acusación: los fallos y acordadas sobre el Consejo de la Magistratura, y el fallo de la mal llamada coparticipación. Nosotros no habíamos presentado ningún pedido de juicio político después de que esos fallos salieron, más allá de que claramente los cuestionábamos. El juicio político lo iniciamos cuando aparecieron las conversaciones que dan cuenta de que esos fallos estaban arreglados. Entonces, por supuesto que podemos cuestionar los fallos, porque en este caso se está reflejando una negociación espuria, un vínculo ilegal y hasta delictivo de la vocalía de (Horacio) Rosatti con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos todas las facultades para hacerlo. Yo le preguntaría a la oposición, que plantea que nosotros no podemos cuestionar el contenido de las sentencias, ¿cómo se expresan los jueces? ¿Solamente tendríamos que intervenir si encontramos a un juez con un cuchillo y un cadáver con sangre? La única manera con la que podemos evaluar el desempeño de los jueces es a través de sus fallos, no tenemos otra manera. Pero en este caso, a las sentencias se suman todas las circunstancias que las rodean. Todo eso va a ser materia de evaluación.
¿Qué pruebas van a reunir para comprobar el mal desempeño?
Mi idea es proponer todas las medidas de prueba que están en los proyectos y presentar un listado de medidas adicionales, como citar a testigos de distinta naturaleza: especialistas en derecho constitucional que vengan a opinar sobre los fallos, damnificados de la obra social del Poder Judicial, toda la vocalía de Rosatti…
¿Y cómo van a sostener la validez de los chats entre Marcelo D’Alessandro y el colaborador de Rosatti?
Los chats, en esta instancia, son absolutamente válidos. Yo entiendo que pueda haber una discusión sobre la validez de los chats en un proceso judicial y es razonable que la haya. Pero nosotros no tenemos esas limitaciones. La evaluación de la prueba no es la misma que hacen los jueces, por lo tanto no tenemos ese nivel de rigurosidad. Por otra parte, es indiscutible que los chats trasuntan conversaciones de interés público notorio, y el interés público generalmente está por encima del derecho a la privacidad, sobre todo en temas como este. Los chats son válidos porque se trata de un procedimiento político. Pero además porque hay tres causas penales iniciadas por tres gobernadores (Axel Kicillof, Gerardo Zamora y Ricardo Quintela) donde fue admitida la validez de esa prueba. Después vamos a ver cómo terminan esas causas (va a venir la desesperación para traerlas a Comodoro Py y cerrarlas enseguida), pero hoy por hoy hay tres causas penales donde la investigación no se detiene en función del origen de los chats. Si ellos traen la causa de (el juez Sebastián) Ramos, yo les traigo estas tres causas. De hecho, en la causa de Santiago del Estero le pidieron el teléfono a Robles, y Robles se negó.
¿Esperan que los jueces de la Corte terminen renunciando?
No los veo renunciando. Todo el poder está cubriéndolos. En los 500 empresarios que firmaron la solicitada está el poder de la Argentina. Así como conseguir los dos tercios no puede ser un objetivo nuestro (porque considero imposible eso en estas condiciones), también considero imposible que ellos renuncien. No nos podemos poner ese objetivo. Están protegidos, así que no creo que tomen ese camino.
