Mientras el presidente Javier Milei festeja que “ya pasó la etapa del déficit fiscal cero” y amenaza con vetar cualquier ley que altere ese logro, el PRO activó en la Cámara Baja, con la venia del oficialismo, el tratamiento de una serie de proyectos que buscan generar una discusión más informada sobre las leyes con impacto fiscal.
La discusión comenzó de manera casi silenciosa la semana pasada mientras se definía la “ley Bases”. Fue en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la diputada del PRO Silvia Lospennato, autora de uno de los proyectos de ley que se suma a otros de La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica y el monobloque CREO.
Aunque no hubo consensos suficientes para firmar dictamen, se acordó avanzar por dos vías: una reforma del reglamento interno y otra para otorgarle más funciones a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo técnico de asesoramiento legislativo. Su titular, Gabriel Esterelles, participó del debate.
Cuando presentan proyectos de ley con impacto presupuestario, los legisladores no suelen consignar cuál será su costo ni la fuente de financiamiento. Milei bautizó como “degenerados fiscales” a los diputados de la oposición que aprobaron hace casi un mes una recomposición de las jubilaciones, con un costo que la OPC calculó en 0,43% y que para los autores de la iniciativa era “responsable”.
Por otra parte, según la ley que creó la OPC en 2016, los informes de impacto fiscal solo son realizados a pedido de los presidentes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, lo que restringe el acceso.
Piden que los proyectos incluyan impacto fiscal
En su proyecto de reforma del reglamento, Lospennato propone que todas las iniciativas presentadas deban incluir una estimación del gasto y cuál será la forma de sostenerlo, y agrega que ningún tema pueda ser tratado en Presupuesto sin contar con un informe de la OPC, aunque no tendría carácter vinculante.
Algunos diputados le plantearon a Lospennato que no tienen los asesores suficientes para evaluar el impacto fiscal de los proyectos que presentan, ni tampoco pueden costear la contratación de asistentes externos. La legisladora propuso como alternativa reorganizar la planta del Congreso y redistribuir los casi 7.000 empleados asignados actualmente a la función legislativa.
“Me desespera que el Congreso, que administra la vida de millones de argentinos y millones que ni nacieron, legisle sin la debida información”, advirtió la diputada. Precisó que la Ley de Administración Financiera establece que no pueden sancionarse leyes que no contengan el origen del gasto, pero los legisladores hacen “trampa” señalando que se solventará con reasignaciones de partidas por parte del jefe de Gabinete. “Este Congreso es violador serial de sus propias leyes”, sentenció.
Los argumentos de los legisladores
Desde la UCR, la diputada Carla Carrizo, que integra el sector de Martín Lousteau y suele trabajar temas de infancia y adolescencia, presentó otro proyecto para que todas las comisiones (no solo la de Presupuesto) puedan requerir informes a la OPC. Pidió “no tener comisiones VIP” y sí tener “un Congreso que compita mano a mano con la administración pública”.
Las diputadas Romina Diez (La Libertad Avanza) y Paula Omodeo (CREO) también propusieron que los proyectos que importen gastos solo puedan ser considerados con previo informe de la OPC, y que indiquen, ya sea en el articulado o en los fundamentos, la fuente de financiamiento. Según Omodeo, “se presentan 2.000 proyectos por año, de los cuales 900 van a Presupuesto”.
Unión por la Patria no presentó proyectos, pero dejó asentada su posición a través de la secretaria parlamentaria del bloque, la camporista Paula Penacca, quien advirtió que “no se puede limitar las competencias que nos otorga la Constitución a los diputados” porque eso puede traer “consecuencias indeseadas”.
Penacca sugirió que los requerimientos a la OPC no queden a discreción del presidente de Presupuesto sino que se sometan a votación en las comisiones, pero la idea generó discrepancias. Otra propuesta, que tuvo algo más de aceptación, es que la OPC deba intervenir obligadamente cuando se trate de erogaciones mayores a 50.000 salarios mínimos, vitales y móviles.
También planteó sus reparos el democristiano Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal. El cordobés pidió “que la democracia no se transforme en una tecnocracia” porque estas reformas podrían provocar “que un burócrata de Mesa de Entradas pueda devolver un proyecto” si no cumple con los requisitos, algo que consideró un “exceso”.
La radical Karina Banfi le salió al cruce. “La calidad legislativa de Argentina es horrible. Tenemos diputados que son expendedores de proyectos y nunca hicieron una ley. Generar una autorregulación y un marco de actuación va a mejorar la calidad institucional de este Congreso”, opinó.
Otro de los proyectos, presentado por el “lilito” Juan Manuel López, busca añadirle a la OPC una nueva función: la de elaborar un informe periódico que transparente el gasto tributario, es decir, los beneficios y exenciones fiscales que otorga el Estado a distintos sujetos, sectores de la economía o zonas geográficas. López es uno de los detractores más fuertes del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente hace más de medio siglo.
Gabriel Esterelles, presidente de la OPC, moderó las expectativas de los diputados. “Cada vez nos envían más proyectos, la estadística lo dice. Estamos bien en capacidad de respuesta, pero es un desafío ver más demanda”, dijo. Precisó que el organismo tiene apenas unos 20 analistas y que en 2023 recibieron 21 pedidos, de los cuales se elaboraron 16 informes, con un tiempo de respuesta promedio de 15 días.
