Tras asestarle un durísimo golpe al Gobierno con el rechazo al veto de discapacidad y la aprobación de un límite a los Decretos de Necesidad y Urgencia, la oposición va por más.
El próximo objetivo es ir a fondo con la investigación de la estafa $Libra y del pago de sobornos para la compra de medicamentos. Dos casos que tienen un blanco en común: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la Cámara de Diputados, las fuerzas no mileístas ya aprobaron convocar a Karina a la comisión investigadora del escándalo cripto, aunque decidieron dejarla afuera de la primera tanda de testimonios y se guardan la citación para más adelante, mientras tantean el clima político para apelar al flamante reglamento y llevarla a declarar por la fuerza pública, en caso de que vuelva a negarse.
Por impulso del kirchnerismo, también trabajan para que la hermana del presidente se someta a una interpelación en el recinto por el caso de las coimas, donde se la acusa de quedarse con retornos del 3%. Esta semana se analizaron distintos proyectos en las comisiones de Salud y de Discapacidad, pero quedaron atascados porque el oficialismo bloquea el debate en Asuntos Constitucionales.
En el Senado también buscarán que Karina dé la cara y se someta a un interrogatorio por las denuncias de corrupción. El jefe de Unión por la Patria, José Mayans, adelantó que tienen intenciones de tratar un proyecto de un senador del bloque, el salteño Sergio Leavy, en la próxima sesión, prevista para el jueves 18. Podrían conseguir el aval de otros senadores.
“Ahora también hay un Riesgo K: el Riesgo Karina”, lanzó este viernes en declaraciones radiales el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, en alusión al concepto de “Riesgo Kuka” que instaló el Gobierno para definir el temor de los mercados a un regreso del kirchnerismo al poder.
En paralelo a los pedidos de interpelación, Unión por la Patria comienza a activar la “fase dos” del rechazo al veto en discapacidad: comenzará a tratarse el próximo martes un proyecto del diputado Juan Marino, acompañado por la exministra Victoria Tolosa Paz, para “democratizar” y “transparentar” la Agencia Nacional de Discapacidad.
Entre otros puntos, proponen que la conducción de la ANDIS deje de ser unipersonal y discrecional a cargo del Ejecutivo, y que quede en manos de una comisión directiva colegiada de siete miembros, donde estén representadas las organizaciones civiles del sector. Además, buscan crear un “consejo de auditoría y control social” para evitar casos de corrupción.
“Esta ley es una propuesta de depuración democrática que busca blindar a la ANDIS de la corrupción, devolverle la confianza a la ciudadanía y, fundamentalmente, poner la gestión de las políticas de discapacidad en manos de quienes deben ser sus verdaderos protagonistas”, fundamentó Marino en su proyecto, que se tratará el martes en la Comisión de Discapacidad.
Silencio y bloqueo
A pesar de todos los embates, el oficialismo se aferra a su estrategia de silencio y bloqueo. Por un lado, no manda a ningún funcionario que no sea el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a responder preguntas de los legisladores para descomprimir los conflictos. Por otro, mantiene cerradas las principales comisiones, lo que obliga a la oposición a abrirlas por la fuerza mediante emplazamientos.
En ese contexto fue que, esta semana, el titular del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, y su par Cecilia Moreau deslizaron la idea, aún inmadura, de desplazar a los oficialistas José Luis Espert y Nicolás Mayoraz de las presidencias de las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales.
Mientras Espert bloquea todos los proyectos con costo fiscal, Mayoraz hace lo propio con los pedidos de interpelación a Karina Milei y el ministro Mario Lugones, y hasta con otra iniciativa de una aliada, la bullrichista Silvana Giudici, para crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado. Otro frente que La Libertad Avanza no quiere abrir en el Congreso.
Así las cosas, la mayoría conformada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda utilizará la semana entrante para “parar la pelota” y empezar a construir la próxima sesión, donde intentarán destrabar el debate de todas las iniciativas frenadas por los libertarios.
Entre los temas en carpeta también figura el proyecto que acaba de aprobar el Senado para modificar la Ley de DNU y restringir su uso por parte del presidente. Será clave en este debate el rol de los gobernadores, que el año pasado colaboraron para que una iniciativa similar no saliera aprobada. En la oposición hay escepticismo sobre el rol de los mandatarios provinciales, que están en modo campaña.
En la Cámara baja también hay dos vetos pendientes de tratamiento: el de la moratoria previsional y el de la asistencia a Bahía Blanca por las inundaciones. A su vez, esperan que ingresen los próximos vetos del Poder Ejecutivo al presupuesto universitario y a la emergencia pediátrica en el hospital Garrahan. Tiene tiempo de enviarlos hasta el jueves 11.
En cuanto al caso $LIBRA, la comisión investigadora volverá a reunirse el martes a las 16 y citó a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Investigación $LIBRA del Ministerio de Justicia; Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción; y José Mazzoni, extitular de la Oficina Anticorrupción.
