Los cuatro años de gestión de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación serán recordados como una verdadera odisea que incluyó desde internas políticas y negociaciones forzosas hasta un conflicto con la Corte Suprema de Justicia, un Presupuesto rechazado por primera vez en la historia y el debut de la virtualidad en los debates legislativos.
Durante el gobierno del Frente de Todos se sancionaron 199 leyes: dos en diciembre de 2019, 70 en 2020, 56 en 2021, 37 en 2022 y 34 en 2023. Paradójicamente, el año más productivo fue el primero de la pandemia del Covid-19, porque la virtualidad permitió sesionar sin activar la logística para convocar a los legisladores en Buenos Aires.
El año 2020 también fue el más fructífero en cantidad total de sesiones: Diputados realizó 15 y el Senado 27. En cambio, la peor marca en la Cámara baja se produjo en 2021 con 9 sesiones, mientras que la Cámara alta tuvo este año un récord para el olvido: tan solo 4 sesiones, de las cuales una fue informativa y otra se quedó sin quórum.
El oficialismo estuvo obligado a negociar con parte de la oposición para poder sacar adelante las leyes que se propuso, sobre todo en Diputados, donde la tarea de conseguir el quórum fue más difícil que en el Senado. Los bloques federales fueron clave para el número ante la resistencia que expuso mayoritariamente Juntos por el Cambio.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dos leyes de alquileres distintas, el nuevo índice de movilidad jubilatoria, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el “alcohol cero” al volante y la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias fueron algunos de los hitos legislativos de estos cuatro años.
Fernández inauguró su gestión en diciembre de 2019 con una “ley ómnibus” que declaró nueve emergencias (económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social). Fue la primera herramienta de gestión para un presidente que acababa de asumir y que cargaba la responsabilidad sobre la “herencia” macrista.
Al poco tiempo, la declaración de la pandemia del Covid-19 a nivel mundial trastocó el funcionamiento del Congreso, ya que el aislamiento social impedía sesionar presencialmente. Oficialismo y oposición lograron acordar protocolos para trabajar de manera virtual durante casi dos años, tanto en las comisiones como en el recinto.
La interna del oficialismo jugó fuerte en el Congreso y tuvo su clímax con la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura de la bancada oficialista en febrero de 2022, por su rechazo al acuerdo con el FMI negociado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. A pesar del portazo, el hijo de la vicepresidenta no rompió con el bloque, que pasó a manos del santafesino Germán Martínez.
En el Senado, donde el bloque liderado por José Mayans actuó bajo las directivas de Cristina Kirchner, los últimos cuatro años estuvieron marcados por el enfrentamiento con el Poder Judicial, que derivó en un conflicto de poderes inédito por dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia.
El fallo que restituyó la ley derogada del Consejo de la Magistratura y el cese en funciones de la camarista Ana María Figueroa, propuesta para seguir en el cargo después de los 75 años, hicieron reaccionar al kirchnerismo. El caso de la Magistratura incluso llevó al bloque a dividirse de manera ficticia para reclamar un lugar que, al día de hoy, sigue vacante.
Más allá de esto, las cuatro reformas judiciales que aprobaron los senadores oficialistas (las de la Corte, el Consejo, el Ministerio Público y la Justicia Federal Penal) fueron frenadas por la oposición en Diputados. Además, Fernández no logró que la Cámara alta avalara al juez Daniel Rafecas como procurador general, y ni siquiera propuso a un reemplazante para Elena Highton en la Corte.
En Diputados, la cruzada contra el máximo tribunal se extendió durante todo 2023 con el juicio político contra sus cuatro integrantes (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda), pero el Frente de Todos siempre supo que daba una batalla perdida, porque no tenía los dos tercios de los votos para aprobar la acusación en el recinto.
Las leyes sociales también tuvieron protagonismo en la gestión Fernández. La interrupción voluntaria del embarazo, aprobada el anteúltimo día de 2020 después de que el Senado la rechazara en 2018, fue un hecho bisagra que rompió con toda alineación política y logró un apoyo transversal empujado por la “marea verde” en las calles.
También se sancionaron dos leyes de alquileres distintas: en 2020 se aprobó la denominada “Ley Lipovetzky” y dos años después se modificó, tras un debate plagado de idas y vueltas. Además, se aprobaron leyes como el etiquetado frontal de alimentos y la regulación del cannabis medicinal, y se crearon cinco nuevas universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo).
En el período que culmina, el Frente de Todos sufrió dos derrotas a manos de la oposición. La más dura fue el rechazo del Presupuesto para el año 2022 en Diputados, con el voto negativo (a último momento) de Juntos por el Cambio y otros espacios. Fue la primera vez en la historia que no se aprobó el plan de gastos y recursos del Gobierno.
Meses después, el arco opositor volvió a unirse, esta vez para aprobar una reforma electoral e implementar la boleta única de papel. Pero fue una victoria efímera, porque en el Senado el peronismo tenía número para bloquear la media sanción, que finalmente nunca se trató.
