Gobernadores y gobernadoras peronistas le enviaron este miércoles una carta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedirle que no falle a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos con la Casa Rosada, sosteniendo que hay que defender el federalismo.
Al pedido los mandatarios adosaron una advertencia: “Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
Los gobiernos de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta se reúnen este miércoles desde las 11:00 para intentar zanjar sus diferencias por los fondos que Mauricio Macri le había dado por decreto a la Ciudad, decisión que la actual gestión del Frente de Todos retrotrajo.
Esta reunión en el Ministerio del Interior coincide con un nuevo vencimiento del plazo extra habilitado por la Corte Suprema de Justicia para que las partes encuentren una salida política al conflicto.
La carta de los mandatarios provinciales se dio además en un contexto en el que un sector del Frente de Todos está proponiendo en el Senado una reforma de la Corte Suprema, para ampliarla y darle una “mayor pluralidad” y una “impronta federal”.
En ese contexto, los gobernadores manifestaron su profunda preocupación por la “injerencia indebida” por parte de la Corte en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad.
Para los mandatarios peronistas, Rodríguez Larreta busca “la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”.
El documento fue firmado por Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires; Raúl Jalil, de Catamarca; Jorge Capitanich, de Chaco; Mariano Arcioni, de Chubut; Gustavo Bordet, de Entre Ríos; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones.
También firmaron Gustavo Sáenz, gobernador de Salta; Sergio Uñac, de San Juan; Alberto Rodríguez Saá, de San Luis; Alicia Kirchner, de Santa Cruz; Omar Perotti, de Santa Fe; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
Los mandatarios aseguran que ven con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. “No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, dijeron en su carta.
Aseguran que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia y que las provincias son preexistentes a la Nación y la constitución se funda en pactos preexistentes.
Señalan que cuando se sanciona la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional.
Después de la reforma constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4 % del monto total recaudado en el artículo 2° de la ley 23548, que fue modificado “de una manera injusta e injustificada” por el decreto 194/2016 de Macri, elevando el coeficiente al 3,75%.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, señalaron los gobernadores aliados a la gestión de Fernández.
En ese sentido, aseguran que las provincias argentinas están “cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”.
“Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, dicen los mandatarios en la carta.
En ese sentido, expresaron que quieren que de un modo inmediato la Corte acepte como amicus curiae en la causa, ya que están dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos.
