Por el atentado a la mutual judía AMIA, perpetuado en 1994, el Ministerio de Justicia admitió frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Argentina “violó derechos y no fue capaz de averiguar la verdad”.
Por tales motivos, deberá pagar indemnizaciones por montos cercanos a los U$S700.000. Esto responde a las responsabilidades del Estado argentino por las violaciones “al derecho a la vida, a la seguridad y a la no discriminación” de las víctimas.
La coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D’Alessandro, se encargó de hablar ante los jueces de la corte. En sus palabras, admitió que “quienes estaban a cargo del poder público: fiscales, juez, fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia y el Poder Ejecutivo de entonces tomaron la decisión de encubrir la verdad y torcer la investigación, acusando a inocentes y resguardando a personajes cercanos al gobierno”.
También reconoció que se cometió “la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, cuando se le pagaron U$S400.000 al desarmador de autos, Carlos Telleldín, a fin de que se acusara injustamente a un grupo de policías de haber perpetuado el atentado.
“El Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso. Por la ocupación de la Justicia, por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables de estas actuaciones, por el secreto, el encubrimiento de la verdad, por la utilización política de la causa al servicio de intereses nacionales y extranjeros”, continuó D´Alessandro.
“La Argentina es responsable porque las autoridades no buscaron descubrir la verdad, sino resguardar a personas cercanas al poder de entonces”, agregó. En ese sentido, sentenció que el atentado fue un crimen de lesa humanidad, por lo que los responsables “no pueden escudarse en la prescripción”.
