El presidente Alberto Fernández y tres pares latinoamericanos firmaron un documento con el que expresaron su más absoluto rechazo ante la “injustificable persecución judicial que viene sufriendo” la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Al lado de la firma de Fernández se ubican las rúbricas de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Gustavo Petro, jefe de Estado del Colombia; y Luis Arce, primer mandatario de Bolivia.
Los cuatro dijeron que dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal.
“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”, dice el documento.
En los últimos años, el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido, agrega el comunicado oficial.
E indica que en otras causas que siguen abiertas se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política. “Entre ellas, la denominada ‘Causa Vialidad’ resulta emblemática”, dice.
Según los mandatarios, allí el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa.
“Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del Informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas de 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas”, dice el comunicado.
Por ello, manifestaron su más firme respaldo a Cristina Kirchner y condenaron rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos.
