En el marco de una causa en la que se investigan maniobras de espionaje que tendrían como blanco a los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a otros funcionarios del Poder Judicial y a dirigentes políticos, el fiscal Gerardo Pollicita identificó vínculos entre espías con el diputado nacional (y el ex directivo de la Agencia Federal de Inteligencia) Rodolfo Tailhade y el subdirector de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez.
Pollicita llegó a esa conclusión, que plasmó en una reciente resolución, tras analizar la información de dispositivos electrónicos secuestrados al sargento retirado de la Policía Federal y ex espía Ariel Zanchetta, que se encuentra detenido. Y pidió, además de una serie de allanamientos, que Zanchetta se presente a ampliar su declaración indagatoria y que se cite ahora a Tailhade y a “Conu” Rodríguez.
El fiscal busca identificar “la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.
El integrante del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante la investigación aseguró que “obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”.
“Estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etcétera”, indicó el fiscal en su resolución.
Tailhade se pronunció a través de sus redes sociales y señaló: “Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia”.
Pollicita avanzó sobre una serie de denuncias (por hackeos a los ministros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz; el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y también del espionaje ilegal a funcionarios judiciales y empresarios durante un viaje a Lago Escondido) que quedaron radicadas en el juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi y observó vínculos entre los supuestos delitos.
El fiscal sostiene que Zanchetta “habría sido incorporado como agente ‘inorgánico’ (desde 2009 y hasta fines de 2015) en la Secretaría de Inteligencia de la Nación, rol desde el cual habría realizado actividades de inteligencia para funcionarios de ese organismo”.
“Fueron hallados decenas de correos electrónicos de los años 2009 a 2015 entre Zanchetta y quienes en ese entonces serían agentes de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Nación, en los que estos últimos le requerían la realización de distintas tareas de investigación —informes, consultas de vehículos, antecedentes penales, líneas telefónicas, cruces migratorios, entre otras— las que eran cumplidas por aquél”, afirmó el letrado.
¿Qué datos habrían recopilado en el espionaje ilegal?
Según la investigación judicial, los datos relativos al espionaje ilegal que se recopilaban estaban vinculados a domicilios, sueldos, propiedades inmuebles, titularidad de automotores, participaciones societarias, teléfonos, correos electrónicos, situación fiscal, laboral y crediticia registrada, datos electorales e información sanitaria.
“Estos documentos poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales”, indicó la resolución de Pollicita.
El informe judicial que analiza lo extraído ilegalmente por Zanchetta incluye el estudio de 452 chats, 1.632 audios, 1.629 contactos, 53 videos y 1.919 fotos cuando se allanó su casa en Junín, junto con discos externos, DVDs y otros objetos más.
