El Poder Ejecutivo reiteró que vetará las leyes “que no tengan recursos para respaldar los gastos”. Esta vez fue el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien dejó en claro la posición del Gobierno nacional frente al proyecto de la nueva fórmula jubilatoria de la “oposición no dialoguista”, que finalmente avanzó en la noche de este martes en Diputados.
“A mí me parece que cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio, tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. Este Gobierno ha expresado también con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, afirmó el exministro del Interior en diálogo con la prensa en Casa Rosada.
El Gobierno nacional ve detrás de la iniciativa jubilatoria una maniobra “del kirchnerismo y el radicalismo” con “fines electorales”.
“Cuando no hay recursos, no se puede de una manera fácil, decir, ‘aumente esta cosa o aumente esa otra’. Para hacerlo, tiene que decirse de dónde salen (los recursos), porque si al mismo tiempo reclaman porque se cortan gastos públicos, por el otro lado, se quieren incrementar los beneficios”, argumentó Francos.
El funcionario le reclamó a la oposición “tener cierta coherencia, cierta lógica” para “decirle a la opinión pública de dónde van a salir los recursos para pagarlos”.
Algo parecido dijo el lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando se anticipaba una dura pelea parlamentaria. “Lo que no queremos son soluciones mágicas. No vamos a emitir ni vamos a endeudarnos”, sostuvo, y reiteró que si una ley no tiene “correlación con el recurso correspondiente, no será viable”.
Qué pasa si Javier Milei veta una ley
El mes pasado, el presidente Javier Milei dejó su advertencia a la oposición en el Congreso al hablar ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. “Lo que están haciendo es mandando proyectos para rompernos el equilibrio fiscal. Yo les aviso que cualquier proyecto que manden al Congreso y quieran romper la caja y hacer volar el país por los aires, se los voy a vetar, me importa tres carajos”, amenazó el presidente.
Para Milei, las iniciativas parlamentarias opositoras persiguen “fines electoralistas”.
El Poder Ejecutivo puede vetar una ley, de forma total o parcial. De ejecutarse el veto presidencial, el proyecto vuelve al Poder Legislativo, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción. Si ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no lo consiguen, se mantiene el veto del presidente y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones legislativas de ese año.
El Gobierno nacional tuvo en su gestión dos grandes traspiés en el Congreso: la Ley Ómnibus original y el rechazo del Senado al DNU70.
