La marcha de los jubilados y los hinchas de diferentes clubes de fútbol sigue dejando consecuencias. Luego de que el presidente respaldara a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el accionar de las fuerzas de seguridad que están a su mando. Ahora la cartera a su nombre accionó penalmente contra la jueza a cargo de la causa.
El jueves 12 de marzo, al otro día de la marcha, la jueza Karina Andrade determinó la liberación de las más de 100 personas que estaban detenidas por los incidentes en la movilización de jubilados y con el apoyo de las barras de fútbol.
Patricia Bullrich y el Ministerio de Seguridad Nacional presentaron una denuncia penal contra Karina Andrade, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°15 de la Ciudad de Buenos Aires por los delitos de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de funcionario Público y Encubrimiento Agravado.
La denuncia del Gobierno contra la jueza por los incidentes en la marcha de jubilados
La presentación fue radicada en el fuero federal y se fundamenta en las graves irregularidades cometidas por la magistrada en relación con la liberación de detenidos tras los disturbios ocurridos durante la marcha del 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
La denuncia señala que la jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos sin haber analizado las pruebas, sin considerar los antecedentes penales de los implicados y sin respetar los procedimientos legales vigentes. Según el escrito, la magistrada intervino arbitrariamente en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal, y tomó su decisión sin contar con los elementos de prueba necesarios.
Entre los detenidos liberados, se encontraban individuos con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. La denuncia también detalla que la jueza dictó su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea, sin dejar un registro oficial y sin dar intervención formal a la Fiscalía.
Cabe recordar que el viernes pasado, el ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por los delitos de Sedición, Atentado al Orden Constitucional y la Vida Democrática, y Asociación Ilícita Agravada, señalando como posibles responsables de los hechos al exlíder montonero Mario Firmenich, al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y a grupos organizados que habrían promovido los disturbios con fines desestabilizadores.
Los incidentes dejaron un saldo de más de una docena de efectivos de la Policía Federal heridos, además de graves daños materiales, incluyendo la quema de vehículos oficiales y destrozos en el espacio público.
