Con la inclusión de la baja de edad de imputabilidad en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, La Libertad Avanza reimpulsa un debate que quedó a mitad de camino en 2025 por falta de consensos. Un proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei había llegado a obtener dictamen en el mes de mayo, pero no reunió los acuerdos que faltaban para llegar al recinto y cayó con la renovación de las Cámaras. Ahora, el tratamiento deberá comenzar desde cero.
La decisión de incorporar la reforma del Régimen Penal Juvenil se tomó este lunes por la mañana en una reunión de la denominada “mesa política” del Gobierno. La propuesta recobró vigor tras el crimen del adolescente Jeremías Monzón en Santa Fe, y su mentora es la jefa del bloque oficialista en el Senado y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las participantes del encuentro en Casa Rosada.
Además de Bullrich, estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (quien hizo el anuncio en redes sociales); la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
La actualización del Régimen Penal Juvenil a raíz de crímenes cometidos por menores no es un tema nuevo en el Congreso. Durante años, legisladores de distintas extracciones políticas presentaron proyectos para bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. El gobierno de Milei envió su propuesta para bajarla a 13, pero los bloques dialoguistas no convalidaron un cambio tan brusco y forzaron al oficialismo a dejar la edad en 14.
Esa edad quedó plasmada en un dictamen que se firmó el 6 de mayo del año pasado, a pesar de fuertes presiones de la Iglesia que recayeron sobre los diputados. El despacho obtuvo luz verde en un plenario de comisiones encabezado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien en ese entonces formaba parte del PRO pero renovó su banca por La Libertad Avanza y en octubre migró a la bancada conducida por su coterráneo Gabriel Bornoroni.
“La baja de edad de imputabilidad es una ley que la ciudadanía pide a gritos. Vamos a trabajar en obtener los consensos necesarios. El año pasado logramos el dictamen, ahora deben constituirse las comisiones para reiniciar el tratamiento. Vamos por la media sanción”, dijo Rodríguez Machado a La Voz.
El debate debe recomenzar porque el dictamen caducó el 30 de noviembre, a causa de la renovación de las Cámaras. Rodríguez Machado ya mantuvo contactos con Bornoroni para conformar la semana próxima (la primera de esta segunda fase de extraordinarias) las comisiones que deberán volver a dictaminar el proyecto del Poder Ejecutivo.
Dos de las comisiones ya están conformadas: Legislación Penal, bajo el mando de Rodríguez Machado; y Presupuesto y Hacienda, comandada por otro libertario, Bertie Benegas Lynch. Resta que se constituyan las de Familia, Niñez y Juventudes (la presidía la UCR) y Justicia (estaba en manos de La Libertad Avanza).
Una vez que estén las autoridades nombradas, los presidentes de las comisiones trazarán un cronograma de tratamiento para emitir dictamen y llevarlo al recinto. El oficialismo quiere hacerlo “cuanto antes”, aunque tiene tan solo el mes de febrero para hacerlo en extraordinarias. De lo contrario, la discusión seguirá en el período ordinario, a partir del 1ro. de marzo.
En 2025, Rodríguez Machado concedió numerosas modificaciones al texto original para alzarse con el dictamen, que en ese momento había logrado apoyo total de los bloques del PRO, la UCR e Innovación Federal (responde a gobernadores de Misiones y Salta), y apoyo con disidencias de parte de diputados que hoy integran el interbloque Unidos (Encuentro Federal, el radicalismo no mileísta y la Coalición Cívica).
Quienes no avalaron la baja de edad de imputabilidad fueron Unión por la Patria y los diputados Natalia De la Sota, Nicolás Massot y Margarita Stolbizer, quienes firmaron dictámenes para mantener el piso en 16 años, en línea con recomendaciones de instituciones como UNICEF.
En el dictamen de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, la cárcel se planteaba como última ratio: si al menor le correspondía una pena menor a 10 años, se podían aplicar sanciones alternativas, como prohibición de contacto con la víctima, de conducir vehículos, de salir del país, de asistir a determinados lugares o eventos, y prestación de servicios a la comunidad, entre otras.
Pero uno de los cabos sueltos tenía que ver con el costo fiscal de la ley, algo nunca esclarecido del todo. Es que el proyecto del Ejecutivo establecía que los menores que delinquen debían alojarse en institutos especializados y contar con “supervisores”, es decir, reformas que requieren erogaciones presupuestarias. Desde Córdoba advertían que el Estado Nacional debía garantizar las asignaciones a las provincias para cumplir con la ley.
“Somos las provincias las que, en los delitos cuyos autores son jóvenes, tenemos competencia con las justicias provinciales. Ahí necesitamos recursos. En Córdoba hoy estamos atendiendo a condenados por delitos federales en nuestras cárceles provinciales. Debemos prever que cuando entre en vigencia esta ley, las provincias, CABA y el Estado Nacional tengan los recursos”, había planteado en aquel entonces la diputada cordobesa Alejandra Torres.
Curiosamente, el proyecto facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas del Presupuesto para cumplir con las disposiciones; la misma receta que el mismo Gobierno se negó a aplicar para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, un tema que sigue trajinando en la Justicia.
