En un nuevo capítulo en la disputa judicial por fondos nacionales coparticipables entre el Gobierno nacional y el Gobierno porteño, Elisa Carrió le apuntó ahora a Carlos Zannini, Procurador del Tesoro. En una presentación junto a diputados nacionales y legisladores porteños, la líder de la Coalición Cívica incluyó a Zannini al ampliar la denuncia judicial que días atrás hiciera contra el presidente Alberto Fernández, los ministros Massa y De Pedro, y el gobernador Jorge Capitanich.
Precisamente también ayer, el ministro del Interior “Wado” De Pedro, la referencia política más fuerte del kirchnerismo en el Gabinete nacional, salió a respaldar la posición sostenida por el presidente Alberto Fernández.
En la primera presentación, efectuada luego del fallo de la Corte Suprema del 21 de diciembre pasado, la Coalición Cívica había pedido investigar a Fernández, Massa, De Pedro y Manzur por “incumplir con lo ordenado por la Corte Suprema”, en el expediente en el cual el máximo tribunal dispuso a través de una medida cautelar que la Nación debe abonar el 2,95% de los fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía.
En el escrito de ayer, Elisa Carrió explica que se trata de una ampliación de la denuncia original presentada, y en esta oportunidad se pide que “se investigue también al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini”, el histórico secretario de Legal y Técnica de las tres presidencias kirchneristas.
Además de Carrió, firmaron la denuncia los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, y cuatro legisladores porteños, todos de la Coalición Cívica.
En la presentación se pide que se investigue a Zannini porque “el Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de seguir interviniendo en la causa” y “además interpuso una revocatoria a fin de que se deje sin efecto la medida cautelar”. Carrió pidió la citación de los funcionarios señalados en la denuncia.
“El Procurador del Tesoro de la Nación solicitó a los miembros del tribunal que se excusen de continuar interviniendo en la causa”, sostienen los denunciantes y agregan que Zannini también pidió dejar sin efecto la cautelar dictada por la Corte. “A nuestro juicio, dichas presentaciones judiciales terminan de demostrar, reiteramos, que estamos frente a un plan organizado por el Presidente de la Nación y los ministros referidos para alzarse contra la Corte Suprema y así, atentar contra la división de poderes y el orden constitucional”, sostienen Carrió y la Coalición Cívica.
Así como desde el Gobierno nacional se afirma que la Corte con su fallo favorece los planes electorales de Horacio Rodríguez Larreta en su objetivo de ser candidato a presidente para 2023, Carrió sostiene que no cumplir con el dictado judicial va contra los intereses porteños.
“Dichas presentaciones judiciales tienen como único objetivo desobedecer un fallo de la Corte Suprema, planteando un conflicto entre dos poderes del sistema republicano, a fin de perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene el escrito de la Coalición Cívica.
En el escrito también se recuerda que fue denunciado Jorge Capitanich. “El Gobernador de la Provincia del Chaco públicamente había instigado al Presidente de la Nación a alzarse en contra de la resolución dictada”, se dice.
En Casa Rosada se insiste en que el dinero reclamado por el Gobierno porteño perjudica a las 23 provincias, por tratarse de fondos nacionales coparticipables. Esta posición fue avalada por 18 gobernadores, entre ellos, Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Arabela Carreras, Río Negro, mandatarios de dos provincias no gobernadas por el peronismo. Los gobernadores peronistas Juan Schiaretti y Omar Perotti, por ahora, se mantienen al margen de la controversia.
El ministro “Wado” De Pedro aludió al perjuicio que, a su entender, provoca el fallo de la Corte favor de la cautelar presentada por CABA. “Desde el Ministerio tenemos un relevamiento de las obras consensuadas entre los diez gobernadores que conforman el Norte Grande, un espacio integrado por mandatarios oficialistas y opositores”, dijo ayer De Pedro, para agregar: “son inversiones que suman U$S 30.000 millones a 15 años, o sea U$S 2.000 millones por año. Este fallo le da U$S 1.000 millones más a la Ciudad. La Corte y algunos sectores del Poder Judicial vienen trabajando partidariamente”, denunció el ministro del Interior.
Para De Pedro, se está ante un fallo “político, antifederal, arbitrario y electoralista”.
El miércoles, un grupo de gobernadores peronistas realizó presentaciones individuales ante la Corte Suprema de Justicia para que sean escuchados sus reclamos, en respaldo a la efectuada por el Gobierno nacional para que se suspenda los efectos del fallo que ordenó al Estado nacional un aumento en la mesa coparticipable en favor de la ciudad de Buenos Aires.
Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Alicia Kichner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Gildo Insfrán (Formosa) informaron en sus cuentas de Twitter que realizaron presentaciones ante el máximo tribunal.
