Tras la detención de tres personas en Concordia acusadas de crear una asociación ilícita destinada a la venta de facturación apócrifa, la Justicia continúa profundizando la investigación.
Se trata de una investigación iniciada por AFIP DGI-Dirección Regional Paraná hace un año, a través de fiscalizaciones e investigaciones en las que se detectó el uso indiscriminado de facturas apócrifas, que provenían principalmente de la zona de la Capital del Citrus.
Tras las revelaciones que dejaron los 11 allanamientos realizados en esa ciudad, el organismo tributario se está preparando para la segunda etapa: determinar la deuda que los usuarios de estas facturas dejaron de ingresar al fisco y formular a estos últimos la correspondiente imputación penal por "evasión fiscal".
La investigación se llevva adelante por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Andrés Seró, por infracción a la ley 24.769, sobre el Régimen Penal Tributario.
Según fuentes judiciales, la investigación lleva aproximadamente un año y se detectó que en el sector vinculado a los aserraderos proliferaron numerosas facturas truchas. La misma investigación llevó a detectar que un contador público, que se encuentra prófugo, había creado una supuesta asociación ilícita, junto a tres personas más.
"Una de estas personas es la pata financiera, se dedica a cambiar los cheques. El circuito de lavado dinero de esas facturas truchas terminan en la financiera de esta persona", destacaron.
Según se informó, Rubén Abalo, Ernesto Palazzotti y Luis Eckerdt fueron trasladados en la noche del viernes a la Unidad Penal N° 3 de Concordia.
Se estima que el perjuicio económico solo en 2018 fue de 1.200 millones de pesos, y en una sola empresa se estima que facturó 60 millones de pesos de IVA. Dada la cantidad de facturas apócrifas descubiertas, desde la Justicia estarían buscando a las usinas donde se generaba este circuito ilegal.
Por otra parte, remarcaron que se está "siguiendo a otras organizaciones de similares características" y no se descarta que haya más novedades en los próximos días.
La investigación continuó tratando de establecer vínculos, y siguiendo la ruta del dinero derivado de la venta de estas facturas. Así fue como se llegó a las financieras con las que se pretendía blanquear la operatoria. Finalmente se pudo establecer quiénes eran los sujetos que intervenían en el proceso, por el cual obtenían importantes ganancias y réditos.
Estas personas conformaban una organización que, según se pudo establecer, estaba destinada a la venta de facturación apócrifa e involucraba a contadores, cuevas financieras e intermediarios destinados a colocar y comercializar esas facturas.
La actividad delictiva comprendía la creación de una ingeniería fiscal para beneficiar a distintos contribuyentes, incluso a ellos mismos, atemperando su carga impositiva. Dicha ingeniería consistía en la creación de sociedades pantalla o mediante la inscripción de insolventes o personas de escasos recursos, mediante el soporte intelectual y técnico de un asesor contable.
Durante los últimos años, mediante facturas electrónicas apócrifas, y solo en la provincia de Entre Ríos, se facturó una suma superior a los 350 millones de pesos. La zona en la que se comercializan estas facturas abarca la costa del Uruguay, incluyendo la zona de Corrientes y parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente Bahía Blanca.
Con la investigación se llegó a detectar también la existencia de una financiera oculta a cargo de un monotributista, que manejaba importantes sumas de dinero y que a su vez actuaba como prestamista, quién poseía un importante patrimonio que incluía autos y motos de alta gama, inmuebles y un corralón con actividad marginal.
A pedido de la AFIP-DGI Dirección Regional Paraná, el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, libró 11 órdenes de allanamiento, dirigidos a estudios contables, financieras, domicilios particulares y cuevas financieras de Concordia, procedimiento que se llevó a cabo con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina (Delegación Zona Bajo Uruguay, Delegación Concordia y Grupo Albatros).
Los resultados fueron sorprendentes, la maniobra no solo configuraría la figura penal de asociación ilícita fiscal, artículo 15 Ley Penal Tributaria, sino también lavado de activos, según establece el artículo 303 del Código Penal.
En el procedimiento se secuestró documentación y equipos informáticos relevantes para la causa, como así también 4.500.000 pesos, 40.000 dólares y 700 cheques a cobrar por un monto superior a los 25 millones de pesos, lo que arrojaría un total de 30 millones de pesos. Asimismo, se secuestraron siete autos de alta gama, entre ellos camionetas, Audi A1, Mercedez Benz, Kia Sportage, Jeep y Peugeot 308 y dos motos de alta gama –marca Ducatti y Kawasaky– y armas de grueso calibre. Todos estos elementos quedaron en custodia de la Prefectura Naval Argentina.
El juez Seró ordenó también la inscripción de embargos sobre 23 propiedades de los sujetos involucrados, medida que fue ejecutada el mismo día del allanamiento.
Durante el procedimiento se detuvo a los cabecillas de la organización, los que quedaron alojados en la Alcaidía de Concordia y a disposición del juez de la causa.
La AFIP – DGI ya se está preparando para la segunda etapa, determinar la deuda que los usuarios de estas facturas dejaron de ingresar al fisco y formular a estos últimos la correspondiente imputación penal por "evasión fiscal".
Fuente: Diario Uno
