El sindicalista de ATE Mario Sepúlveda, principal acusado por los incidentes en Villa Traful durante una visita oficial del presidente Mauricio Macri en diciembre del año pasado, será indagado el próximo 25 de octubre por la justicia federal de Zapala.
Según indicó hoy, la jueza federal de Zapala, Silvina Domínguez, citó a Sepúlveda al hacer lugar a una medida que solicitaron la fiscal federal Karina Stagnaro, con la colaboración de la Comisión de Fiscales integrada por Mónica Cuñarro, Alejandro Cantaro y Marcelo Molina.
Sepúlveda ocupaba un lugar privilegiado en la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado Neuquén, había resaltado la fiscalía al oponerse a la libertad que le otorgó la jueza.
Según la página www.fiscales.gov.ar, la indagatoria se concedió después de haber sido pedida en cuatro oportunidades.
Todo ocurrió el 28 de diciembre de 2016 cuando Macri se dirigía a encabezar un acto oficial en Villa Traful, Neuquén, y de manera imprevista modificó su itinerario para visitar una fábrica de alfajores ubicada a unos mil metros del destino.
De regreso, a la altura de la ruta 65, se produjeron incidentes con una veintena de personas identificadas con pecheras de ATE que realizaban una protesta contra Macri.
El rodado que lo trasladaba sufrió la rotura de dos ventanillas traseras pero no hubo heridos entre los ocupantes. Cuando la comitiva iba al acto, los manifestantes fueron al área improvisada para el aterrizaje del helicóptero y desde unos 30 metros tiraron piedras y objetos contundentes a la nave, logrando impactarla, y siguieron hacia el lugar de despegue.
En un forcejeo un agente de seguridad del helipuerto sufrió una lesión leve en un labio y la nave tuvo daños menores por los impactos.
Se recordó que Stagnaro y la Comisión de Fiscales habían solicitado la detención e indagatoria de Sepúlveda, identificado como quien arrojó la piedra que dio en la ventanilla del auto.
La medida fue pedida urgente debido a los tiempos de la prescripción, pero la jueza Domínguez le concedió una exención de prisión, sin corroborar un domicilio real del imputado.
La fiscal se opuso: aseguró que la causa reviste gravedad institucional, que no se sabía domicilio o antecedentes del imputado y que ocupaba un lugar privilegiado en la conducción de ATE Neuquén, lo que le permitiría obstruir la investigación y hasta coaccionar a testigos.
