Hace 11 años que funciona en Lavalle una escuela hecha a medida de la comunidad campesina, se trata de la Escuela Campesina de Agroecología. En los últimos días, la DGE comunicó que no va renovar el convenio para que esta siga funcionando. Cuáles fueron los motivos que dio el organismo escolar y la resistencia de quienes asisten día a día al establecimiento.
La Escuela Campesina de Agroecología, fue creada en el 2011, en función de las necesidades precisas de todos los y las estudiantes de nivel medio que viven en zonas rurales. Ubicada en Jocolí, Lavalle, es la única de gestión social de esta modalidad que existe en la provincia.
Esta escuela ha representado la oportunidad de muchos jóvenes, y no tanto, de terminar sus estudios, ya que fue pensada para que se articule con el trabajo de campo que diariamente los habitantes del lugar deben realizar.
Actualmente son 62 personas las que asisten y que no tienen otra alternativa ante el anuncio que recibieron hace algunos días. La DGE, a través de un comunicado, informó la rescisión del convenio para el pago de 25 cargos docentes, además de la necesidad de reubicar a los y las alumnas. Lo que significa el cierre del establecimiento educativo.
Desde la DGE afirmaron que de ellos no depende el cierre o no de la institución, ellos aportan el convenio salarial con la entidad intermedia que gestiona administrativamente a la institución.
Es decir, el funcionamiento de la Escuela de Agroecología es bajo la modalidad de CENS de Gestión Social para jóvenes y adultos. Esto significa que es gestionada administrativamente por una entidad intermediaria que es la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y la DGE, que a través de un convenio aprueba el plan de estudio, la metodología de trabajo y aporta cargos docentes para su funcionamiento.
Cuáles son los motivos de la DGE para dar de baja el convenio
Desde la DGE confirmaron, en una entrevista con Unidiversidad, que los motivos que impulsaron a concluir el convenio que mantiene en funcionamiento a la Escuela de Agroecología, serían un conjunto de irregularidades administrativas.
Entre ellas que “no cumplen con la carga horaria estipulada para la modalidad, que no completan en forma correcta la carga de datos en el sistema de gestión (GEM), que la directora no cumple con los requisitos en el cargo, entre otras”.
Por su parte desde la administración del establecimiento dijeron que no se van a quedar de brazos cruzados, ya que entienden que esto implica un retroceso en los derechos de los jóvenes que no pueden concurrir en los horarios normales de las demás escuelas secundarias.
Integrantes de la UST están convencidos que las causas son otras: “el recorte presupuestario y una falta de visión para comprender que las metodologías y mecánicas de estudio en el campo no pueden ser iguales que las de la ciudad”. Además, detallaron que contestaron con un escrito todos los aspectos que les marcaron como irregularidades, pero que nunca les respondieron y que no hay ningún canal de diálogo abierto para solucionar los inconvenientes planteados.
