La obra de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, “El Reino”, terminó siendo un guión de la política actual y un escándalo, luego de conocerse el subsidio que vincula al pastor y senador provincial por Cambia Mendoza, Héctor Bonarrico.
La trama de la ficción, la cual fue muy criticada por el propio Bonarrico cuando se lanzó la serie en Netflix, tiene como hilo conductor la muerte (del pastor evangélico que se había lanzado a la carrera para ser presidente) y los secretos en esa relación con la política que se va hilvanando con el personaje principal, quien siendo compañero de fórmula del fallecido, se convierte en el aspirante principal a presidente.
Tras el lanzamiento del primero de sus 8 capítulos, Bonarrico alzó la voz y fue el primero en reaccionar. El senador pidió a sus feligreses que dejaran de subscribirse a la plataforma, además de pedir que se prohibiera la serie”, mientras que la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) realizó una dura crítica por “el contenido y el mensaje que busca transmitir la obra”, mediante un comunicado.
Con el correr del tiempo, casi 9 meses después, la historia de El Reino volvió a resurgir, ya no con la mira puesta en la ficción y en sus creadores, sino en la misma realidad y la relación entre religión y política.
El escándalo por el subsidio a MásFe, el partido del pastor y senador Bonarrico
Hace pocos días el gobernador Rodolfo Suárez firmó un decreto que terminó en escándalo: el otorgamiento a la Fundación Acción Social del pastor y presidente del partido político evangélico MásFe, Hugo Héctor Bonarrico, la suma de 18 millones de pesos (9M por año) por parte del Gobierno provincial. Y tras darse a conocer este convenio, el propio Gobernador se vio obligado a darlo de baja, mientras que los distintos partidos opositores realizaron denuncias por “tentativa de fraude a la administración pública”,
Desde el Gobierno se argumentó que se “firma diversos convenios con distintos clubes, instituciones, ajustado a derecho y que, como el propio ministro Víctor Ibáñez dijo, que se ajustó a todas las normas administrativas y sobre todo a la ley de Administración Financiera”, explicó el senador radical Alejandro Diumenjo, durante la sesión del pasado martes.
Pero los diversos partidos políticos de la provincia no lo entienden así y pidieron explicaciones. La primera fue Anabel Fernández Sagasti, presidenta del PJ en Mendoza, quien presentó la denuncia en el Polo Judicial y pidió que se investigue no sólo al pastor, sino también Suárez, al ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, al presidente local de la UCR, Tadeo García Salazar y a Eduardo Erario, tesorero de la fundación, principalmente.
La acusación en concreto es que se trata de un delito de fraude y señalan a Ibáñez como “coautor”. “Esto es de una gravedad institucional nunca antes vista en Mendoza”, expresó Sagasti.
“Toda esta información amerita que los fiscales tomen cartas en el asunto e inicien una investigación profunda. Porque esto no termina acá. Esto es el punto inicial de una investigación penal que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo el jefe del bloque del PJ en Diputados, Germán Gómez, en la Legislatura el pasado miércoles.
Justamente, el senador kirchnerista Lucas Ilardo argumentó que de este caso se desprendieron otros que involucra a municipios radicales que han otorgado otros subsidios a instituciones religiosas ligadas al pastor.
La traición
Tras la desaprobación del decreto por parte del Gobernador, el político evangélico se sintió traicionado por los radicales, ya que según confesó fue “un acuerdo que Masfe hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas”.
Según la versión de Bonarrico difundida, “no hubo uno, sino dos acuerdos con el Gobierno provincial; el primero, relacionado a las listas de candidatos”. Fue “un acuerdo preelectoral que era que yo iba a seguir ocupando un lugar en el Senado para representar al 20% (del electorado) que es evangélico; pero me informaron que no había lugar para Masfe en Cambia Mendoza”.
Y el segundo, “después de las elecciones, dijeron que la forma de ayudar a este pueblo era creando este vínculo; para no crear una dirección en el Gobierno, creamos un acuerdo de prestación”.
“Este acuerdo es de 9 millones de pesos por año” destinado a “ayudar a cristianos”, que proponía la capacitación de las personas de bajos recursos y aportes para la infraestructura de los templos, a la vez que negó que ese dinero fuera para los sueldos de los pastores.
Y aseguró que “todas las ONG prestan servicios de la misma forma”, además de aclarar que el gasto iba a ser supervisado por el Tribunal de Cuentas, integrada también por dirigentes de la oposición.
Actualmente, el caso de Bonarrico está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal para saber si se cometió un hecho delictivo al darle a los fondos del subsidio un destino diferente al previsto; y por oficio, la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública, a cargo de Gabriel Balsells.
