La Defensoría del Público desembarcó en Mendoza para realizar una audiencia pública y recabar los reclamos e inquietudes de los habitantes de Cuyo sobre los medios de la región. En diálogo con Vía Mendoza, Miriam Lewin, titular del organismo creado por la ley nacional 26.522, destacó que la gente busca verse representada. También se expresó sobre el derecho al olvido y el peligro de generalizar.
La periodista Miriam Lewin asumió al frente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual el 24 de mayo de 2020, en plena pandemia. Con la esperanza de que el distanciamiento sería momentáneo se postergaron las audiencias públicas hasta que en 2021 se decidió hacerlas virtuales y este año se empiezan a desarrollar bajo las dos modalidades. “Vamos a seguir manteniendo por un buen tiempo esta ventaja que nos da la virtualidad de acortar las distancias”, acotó Lewin.
Según definió Lewin, cada audiencia es una instancia democrática y participativa. “La Defensoría viene a escuchar lo que las audiencias tienen para decir”, destacó.
La quinta audiencia que realiza esta gestión y la primera de este 2022 fue con sede en Mendoza para todas y todos los habitantes de Cuyo. Se desarrolló con el apoyo de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Nave Universitaria.
Qué es la Defensoría del Público y cuáles son los reclamos más frecuentes
De acuerdo a su propio sitio, la Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional. En este contexto, recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados.
Si bien ese tipo de inquietudes se pueden realizar de modo virtual, el organismo nacional realiza audiencias regionales. “Cada una de las audiencias públicas resultó una radiografía del estado de los medios de comunicación de la región. Incluso de la situación muy compleja que amenaza su supervivencia que están atravesando los medios comunitarios que son una garantía para la pluralidad de voces”, detalló Miriam Lewin.
Los reclamos más frecuentes tienen que ver con que la gente quiere verse representada en los medios de comunicación, aunque también han tomado otras quejas que están relacionadas con la ausencia o falta de calidad de la conectividad. Sin embargo, no todas son pálidas en estos encuentros, ya que las audiencias se han declarado conforme con “los roles de varios medios de comunicación comunitarios o públicos que permitieron que sus hijos se siguieran educando en pandemia”.
Miriam Lewin especificó que muchos reclamos son por la falta de perspectiva de género en las coberturas de hechos de violencia de género; que las personas con discapacidad piden acceso a los medios subtitulados, de calidad, audio descripción, lengua de señas, “incluso lenguaje sencillo para personas con discapacidad porque a pesar de que lo exige la ley aún no está desarrollado”.
Tampoco se sienten representados niños, niñas y adolescentes “que no acceden a contenidos adecuados para su edad o sus intereses”. Lo mismo sucede con las personas mayores. “Se sienten infantilizados o en rol de víctimas... Consideramos que hay que devolverles la voz y que deben aparecer todas las formas de envejecer en los medios”, puntualizó la titular de la Defensoría del Público.
A ellos se suman las comunidades de los pueblos originarios, Lgbtqi+, las personas gordas y las afro.
“¿Por qué no puede una persona gorda protagonizar una gran historia de amor?”, repitió Lewin una de las consultas que han recibido, mientras que especificó que “las personas afro reclaman que haya más comunicadores afrodescedientes o afroargentinos en los medios de comunicación o por qué los que están no se reconocen como tales”.
Por otro lado, señaló que a los pueblos originarios les interesa “la sostenibilidad de sus medios de comunicación y no ser criminalizados”; en tanto la comunidad Lgbtqi+ brega por “el cumplimiento de la ley de equidad de género y cupo trans que está pendiente de reglamentación”.
Asimismo surgen temáticas que tienen que ver con lo cultural específico de cada zona. “Reclaman que su operador de cable no sube a la grilla en un lugar accesible su canal local, la música o ficciones locales”, precisó Lewin.
“Ninguna de estas temáticas cae en saco roto. Elaboramos informes”, indicó Lewin a la vez que remarcó que esos escritos -que están al alcance de cualquiera que desee consultarlos en la página del organismo- se hacen llegar a los gobiernos municipales y provinciales. “Creemos que es un insumo muy interesante para el diseño de políticas públicas”, apuntó.
¿Qué son las audiencias activas?
El concepto de audiencias activas está entroncado con aquella imagen del lector/lectora crítica.
“Por eso, nosotros creemos que en esta nueva era digital donde cualquier persona puede producir un contenido, porque no hace falta ser un profesional de la comunicación para producir un contenido, se necesita más que nunca tener las herramientas necesarias en este ecosistema de medios que está atravesado por la desinformación”, consideró Miriam Lewin que recordó que antes se llamaba “pescado podrido” a lo que hoy se denomina fakenews y que a diferencia de entonces, actualmente se reproducen a una velocidad vertiginosa y explota en cuestión de segundos.
“Y como la desinformación apela a lo emocional, un claro ejemplo es lo que tiene que ver con el conflicto bélico. Si recibimos un contenido que puede ser falso, pero apela a un prejuicio preexistente o una simpatía o afinidad preexistente con mucha más velocidad lo voy a compartir. Esto se torna peligroso porque quienes tienen intereses geopolíticos o comerciales, al compartirlo somos víctimas o partícipes involuntarios de una campaña que puede tener objetivos ocultos”, indicó Lewin.
Si bien el organismo nacional no tiene competencia sobre lo digital, cada vez más las audiencias confían para que reciban sus reclamos sobre lo digital. “En muchísimas ciudades son influyentes radios por streaming, portales digitales que publican videos y siendo audiovisual, nosotros señalamos la enorme influencia que estos medios de comunicación tienen en la realidad de esos pueblos, ciudades o provincias. El enorme peso que tienen en la formación de la opinión pública hace que se ponga en evidencia que hay un enorme vacío. Es decir que no hay organismo público que pueda recibir las quejas de las audiencias o incluso los elogios de las audiencias”, admitió.
El caso de la violación grupal en Palermo
Hace unos días se conoció una carta de la víctima de la violación grupal en Palermo que pedía se dejaran de difundir las imágenes que la revictimizaban. Sin embargo, y más allá de que ella prefirió hacer la solicitud pública, no es la única. Hay muchas protagonistas o sobrevivientes de hechos de violencia de género que en primera persona acuden a la Defensoría.
Según contó Lewin, es bastante frecuente el reclamo de personas que sienten acoso o persecución por parte de los medios de comunicación. “En general tiene que ver con medios digitales, algunos sí con canales de TV, pero mucho más con medios locales. Hay personas que están siendo expuestas o que son acusadas de delitos o de algún hecho violento en una comunidad donde todos y todas se conocen y evidentemente esto tiene más repercusión”, apuntó.
Derecho al olvido o borrar de la historia
“Una cosa es que nosotros pretandamos borrar nuestra propia historia como si yo dijera que no quiero porque me siento revictimizada o retraumatizada que se publiquen mis propios testimonios referidos a mi paso por un centro clandestino de detención en la dictadura. Estoy privando a una parte de la población, a una parte del público de acceder a una información que es ya histórica. Sería muy distinto si, por ejemplo, se publicaran fotos mías trucadas o si aparecieran fotografías que no fueran reales. Allí sí hay una cuestión reparatoria”, dijo Lewin al referirse al denominado “derecho al olvido” que reclaman algunas personas.
El mediático caso que da pie a la inquietud es el de Natalia Denegri y su vinculación con Guillermo Coppola.
Desde el punto de vista de Lewin, Denegri pudo haberse arrepentido, pudo darse cuenta de que ese pasado no está de acuerdo o no está alineado con lo que ella quiere para su vida de aquí y para el futuro, pero eso no es argumento para borrar de internet algo que es parte de la historia.
“Cuando no existía el soporte digital, esas publicaciones se mantenían. Estaban en la hemeroteca del Congreso, de la universidadades, en los archivos de los medios. Es decir que si yo voy a buscar diarios de la época, lo voy a ver, pero no lo voy a encontrar en Internet”, sentenció. Sin embargo, admitió que habrá que ver qué dice la Corte.
“No soy autoridad, pero te hablo desde el derecho de las audiencias a la información, a conocer lo que pasó. Ahora si alguna persona usará ese material para acosarla o difamarla, es otra cuestión que también podría ser considerado un delito: el acoso digital. Pero eso no justifica que se deba eliminar de la historia”, apuntó.
El peligro de generalizar
La Defensoría del Público está en contra de las generalizaciones. “Estamos en contra de que se estigmatice a toda una comunidad porque un miembro cometa un delito, o cinco miembros de una comunidad cometan un delito. Es común leer esos títulos “narcoperuanos” o “narcotravestis” o presumir que los inmigrantes de determinado país se dedican a la trata con fines de explotación sexual”, ejemplicó Lewin.
En este contexto, la titular del organismo nacional contó que la Defensoría intervino en el caso de un chico de la comunidad gitana que atropelló con su auto y le provocó la muerte a un niño. “En un canal de televisión se generalizó, se dijo que los gitanos se dedican al delito, venden autos robados... En ese caso, pudimos concretar un diálogo entre productoras y productores y conductoras y conductores de la señal con la Federación de Colectividades que acompañó a la comunidad gitana y sacamos también las recomendaciones para el tratamiento de la comunidad gitana romaní”, recordó.
Para evitar caer en esto, Lewin sugirió preguntarse si es relevante consignar determinada información. “¿Es relevante su orientación sexual? ¿Es relevante su identidad de género? ¿Es relevante su pertenencia a determinada comunidad migrante? Si no es relevante, no corresponde”, finalizó.
