El mismo joven de 22 años que cumplía una prisión preventiva por el asalto a una despensa bajo detención domiciliaria y era monitoreado con pulsera electrónica, Kevin Jair Guerrero es el imputado más complicado en la investigación por el asesinato de la empresaria tunuyanina Norma Ethel Carleti (59).
Que violara ese régimen les permitió a los pesquisas policiales y judiciales iniciar la instrucción y vincularlo, con el paso de las horas, junto con otros cuatro sospechosos, entre los que se encuentra la ex pareja de la víctima, con el homicidio de la empresaria frutihortícola.
Pero, ahora, trascendió que una polémica resolución de uno de los integrantes de la Quinta Cámara en lo Criminal le había permitido a Guerrero acceder al beneficio de permanecer preso en la propiedad de su padre mientras esperaba el juicio oral por el atraco.
Fue el camarista Rafael Escot, uno de los magistrados más cuestionados del Poder Judicial, el que le bajó la calificación durante una audiencia de apelación y le ordenó al juez que instruye la causa del asalto, Oscar Balmes, que arbitrara todos los medios necesarios para que Guerrero estuviese detenido pero en una casa particular.
Al ser detenido Guerrero por el crimen de Carleti, revisaron sus antecedentes y se encontraron con el beneficio que había recibido. Fue tema de conversación en el ámbito tribunalicio, ya que no encontraron argumentos para sostener el criterio de Escot.
