Juliano Ibáñez, de dos años, fue llevado al hospital Humberto Notti por su madre cuando ya estaba sin vida el 27 de noviembre. Su madre, Yamila Ibáñez, de 24 años, dijo que lo retó y el bebé se puso a llorar hasta que quedó inconsciente. Los médicos constataron que tenía fracturada la columna vertebral. La joven mujer y su pareja, Maximiliano Ortíz Rosales, de 27, quedaron detenidos. La pregunta que surgió en las últimas horas es si el Estado podría haber evitado su muerte ya que había una denuncia por maltrato.
En marzo de este año una vecina llamó al 102, línea para denunciar maltrato infantil. Allí fue atendida y en la comunicación aseguró que a Juliano su madre le pegaba.
Según Verónica Álvarez, directora de Promoción y Protección de los Derechos de la Dinaf, que tiene a su cargo la dirección de los OALes (Órgano Administrativo Local) esa llamada efectivamente ingresó y fue derivada al OAL de Luján. El caso "está abordado con las intervenciones correspondientes", informa Mendoza Post.
Algo debe haber sucedido, alguien omitió trabajar o tal vez se olvidaron de esa llamada. Porque en esa sede infantil de Luján, el pasado viernes 1 de diciembre, luego de los acontecimientos de crímenes de niños (Juliano y Caterina), se presentaron funcionarias de la OAL para interiorizarse del caso.
La primera información sobre esa visita la brindó el dirigente de ATE Roberto Macho. Se presentaron la coordinadora de la OAL de Luján, Marcela Pascual, una técnica de los OALes, Eugenia Olmos, y Verónica Álvarez. La versión de Macho es que fueron a apretar a un operador de esa dependencia “para que se inculpe” por la inacción en el caso Juliano.
"Encerraron en una habitación las tres funcionarias a este trabajador que se llama Juan Cruz. Lo dejaron hasta las 23 del viernes para que se inculpara por el procedimiento administrativo", aseguró el titular de ATE.
